Castilla y León estudia recurrir al Constitucional el decreto energético de Sánchez

La Junta de Castilla y León aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el decreto energético de Pedro Sánchez como sí han hecho ya otras regiones como Madrid, también gobernada por el PP que no va a cumplir aquellas medidas en las que tengan competencias, o la también popular Andalucía, que sí que acatará lo aprobado por el Gobierno.

Si bien, este jueves el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de Vox en esta Comunidad, Juan García-Gallardo, ha apuntado que la Junta está estudiando presentar un posible recurso de inconstitucionalidad a este decreto energético, y señala que va a pedir al presidente Fernández Mañueco una reunión urgente para estudiar las posibilidades de recurso sobre este asunto que califica de “nueva cacicada” de Pedro Sánchez, además de una operación “suicida”, y a la que muestra su oposición frontal.

“El Gobierno busca engañar y arruinar a los españoles, recortando libertades y derechos para tapar su incapacidad política y su fanatismo climático”, denuncia el vicepresidente autonómico a través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

Para García-Gallardo, esta nueva normativa de ahorro energético es un “castigo” a los comerciantes, empresarios y trabajadores en general, a quienes “penaliza” con medidas que tienen apariencia de ilegalidad, y son “ineficaces” para afrontar la crisis energética de la que responsabiliza al Gobierno y sus “23 ministerios.

Asimismo, el vicepresidente afea a los socialistas y la izquierda en general que celebren la voladura de las centrales térmicas que aún quedaban en pie o el cierre de centrales nucleares y ahora intentan que los españoles pongan el aire condicionado a 17 grados y la calefacción en invierno a 19 grados, o que los escaparates de los comercios apaguen la luz a las diez de la noche.

“Quieren que apaguemos la luz para que no veamos la ruina en la que están dejando a España”, advierte, mientras se pregunta para cuándo se van a derogar las leyes climáticas que impiden estudiar las posibilidades de obtener recursos energéticos en el subsuelo con los que lograr una soberanía energética.

Por el contrario, García-Gallardo asegura que en Castilla y León seguirá tomando medidas de ajuste como se ha hecho con los “chiringuitos sindicales”, pero garantizaba que no se escatimarán recursos “para defender a los que trabajan por la prosperidad de Castilla y León, a los comerciantes, a los empresarios, a los que se dejan la piel para dar de comer a sus familias, que iluminan sus escaparates o climatizan sus establecimientos para hacer de la región una tierra de esperanza, bienestar y futuro”.