La Justicia impone un mínimo de cuatro bomberos para las guardias de los parques del 112 de Cantabria

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la sentencia que condena al Gobierno regional por no cumplir con el mínimo de cuatro bomberos de guardia en cada uno de los seis parques de emergencia del SEMCA 112 (Servicios de Emergencias de Cantabria). Esta decisión se tomó después de rechazar el recurso de suplicación presentado por el Ejecutivo autonómico.

Así, a través de la Sala de lo Social, ratificó en una sentencia emitida el 24 de mayo y transmitida por UGT, la resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Santander de febrero. Esta sentencia se basó en la estimación de una demanda por conflicto colectivo presentada por la sección sindical de UGT.

Según la sentencia del Juzgado de lo Social, en agosto de 2018, la dirección del SEMCA junto con los sindicatos UGT y SIEP llegaron a un acuerdo para garantizar que cada uno de los 24 parques de emergencia en Laredo, Valdáliga, Reinosa, Los Corrales de Buelna, Tama y Villacarriedo tuviera un mínimo de cuatro bomberos de guardia.

En base a lo argumentado por la propia resolución judicial, “se prevé cuatro bomberos para las guardias, pero debido a incidencias diversas (permisos, bajas por enfermedad, etc.) las guardias se han venido desarrollando, a salvo de días sueltos excepcionales, con un número de efectivos inferior a cuatro”.

Por consiguiente, la sentencia señalaba que no cumplir con la dotación mínima de las guardias "“es contrario a derecho y al contenido de la obligación suscrita en agosto de 2018 (acuerdo con los sindicatos)". Por ello, la demanda de UGT fue aceptada, ya que "la existencia de cuatro bomberos responde a la necesidad de prestación del servicio en unas mínimas condiciones de seguridad según diferentes normativas".

En los hechos probados de la sentencia se subraya que en el año 2022 hubo 254 días en los que el número de efectivos para las guardias del SEMCA fue inferior a los cuatro estipulados. Ante esto, el SEMCA presentó un recurso de suplicación en el TSJC. Sin embargo, el tribunal desestimó el recurso y confirmó la resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Santander, rechazando la alegación del organismo del Gobierno autonómico sobre una "indebida aplicación e interpretación" del acuerdo alcanzado en 2018.

En su recurso, el SEMCA argumentó que la implementación de las guardias mínimas estaba "condicionada a la disponibilidad de masa salarial según lo estipulado en las respectivas leyes de presupuestos generales", lo que a su entender implicaba que el acuerdo "no es de aplicación automática".

No obstante, aunque reconoce que “los límites de las leyes presupuestarias no pueden ser superados por la negociación colectiva” y, por lo tanto, el acuerdo de 2018 podría estar “limitado por la normativa presupuestaria posterior”, el TSJC considera que el SEMCA no ha demostrado que “para cubrir las plazas de bomberos de guardia (cuatro por parque) sea necesaria la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que implicaría un aumento en los gastos de personal”.

Tal y como señala el TSJC en su auto, “como pone de manifiesto la sentencia recurrida, no se está solicitando la creación de nuevos puestos o plazas de bombero, se está pidiendo garantizar un número mínimo de efectivos en cada turno de guardia y, si por ausencias puntuales de plantilla por incidencias diversas (permisos, bajas por enfermedad, etc.) no hay personal suficiente para cubrir dichas guardias, se deberán cubrir esas plazas por sustituciones temporales o por cualquier otro medio ajustado a derecho, sin que ello no suponga un incremento del número de efectivos ni de la masa salarial”.

UGT indica que el SEMCA, bajo la dirección de Samuel Ruiz, continúa incumpliendo este año el acuerdo que firmó en diciembre de 2023 para garantizar las guardias mínimas. Este acuerdo busca cumplir con lo dictado tanto por la sentencia del Juzgado de lo Social como por la del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es definitiva desde el pasado 24 de mayo.

El delegado de UGT y presidente del comité de empresa, Josué Castillo, "se ha dejado pasar un tiempo razonable para que, de una vez por todas, se cumpla lo que se acordó pero el actual director del SEMCA no lo ha hecho en más de 30 ocasiones desde que se conoce esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia". Además, advierte: "Seguiremos acudiendo a los tribunales de justicia las veces que sea necesario hasta que el Gobierno de Cantabria garantice tanto la seguridad de los bomberos como de la ciudadanía".

El sindicato, que en su momento criticó duramente el recurso presentado por el SEMCA "en algo tan esencial para la seguridad del servicio y de sus profesionales", recuerda que durante la actual legislatura, tanto el director del SEMCA como la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, "prometen una y otra vez un aumento de personal para solucionarlo pero la realidad es que simplemente están dejando pasar el tiempo con una excusa tras otra".

La sección sindical de UGT en el Servicio de Emergencias de Cantabria reitera que "es una cuestión de garantizar unos límites mínimos de seguridad en el servicio, en los bomberos y en la ciudadanía que para nosotros son innegociables y no puede implicar excepción alguna bajo ningún concepto". El sindicato subraya, como ya hizo con la sentencia del Juzgado de lo Social en febrero de este año, que "con guardias de menos de cuatro bomberos se pone en peligro la operatividad y la seguridad de los bomberos porque, simplemente, se incumplen los procedimientos operativos".

Por su parte, desde UGT añaden que "por poner un ejemplo, con una dotación de menos de cuatro bomberos por guardia no se pueden utilizar los vehículos de altura de los seis parques de emergencia" e instan a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria a "exigir al SEMCA y Función Pública que aceleren los trámites y pongan los medios necesarios para cumplir con las sentencias de una vez por todas". Según han expresado, "no es aceptable que los dirigentes políticos se afanen en difundir públicamente su dedicación y su esfuerzo por garantizar la seguridad ciudadana y de los profesionales de los servicios públicos encargados de ella; para que luego no lo hagan, incumplan los acuerdos firmados y además recurran una sentencia judicial que les condena por ello".