Aragón indemnizará con 190.000 euros una muerte por falta de asistencia tras un ictus

El Gobierno de Aragón ha acordado indemnizar con 190.000 euros a la familia de un hombre de 58 años que falleció tras sufrir un ictus, en un caso en el que se ha reconocido una falta de asistencia médica adecuada. La resolución, alcanzada tras una reclamación por responsabilidad sanitaria, pone de nuevo el foco en la calidad y los protocolos de atención en el sistema sanitario público.

La víctima, J.C.V.V., residente en la provincia de Zaragoza, acudió el 9 de diciembre de 2023 al Centro de Salud de Calatayud con una tensión arterial de 210/110, un claro factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares. A pesar de recibir tratamiento, su situación no mejoró, y al día siguiente regresó al centro de salud con síntomas alarmantes: inestabilidad en la marcha, disartria (dificultad para hablar), visión doble y presión arterial elevada.

Estos síntomas motivaron la activación del "código ictus", un protocolo de actuación rápida diseñado para minimizar los efectos de los accidentes cerebrovasculares. Fue trasladado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde una prueba de imagen confirmó la presencia de un aneurisma cerebral y un trombo. Ante este diagnóstico, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, centro de referencia en la comunidad, indicó que el paciente permaneciera en observación en Calatayud.

Una decisión que costó una vida

Durante la madrugada del 11 de diciembre, el estado del paciente empeoró notablemente. Sin embargo, el médico de guardia determinó que su situación no era "urgente" ni presentaba "sintomatología significativa", por lo que no ordenó nuevas pruebas hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando se constató un deterioro grave en su estado de salud y se decidió su traslado urgente al Hospital Miguel Servet, donde ingresó en la Unidad de Ictus.

A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente sufrió un ictus severo que lo dejó en estado crítico. Tras semanas de lucha en la UCI, falleció el 3 de febrero de 2024. La familia de J.C.V.V., convencida de que la atención médica que recibió no se ajustó a los protocolos establecidos, inició una reclamación de responsabilidad sanitaria a través del abogado Ricardo Agóiz, de la Asociación El Defensor del Paciente.

El proceso de reclamación evidenció que hubo un retraso en la atención y una evaluación errónea del estado del paciente. Finalmente, se llegó a un acuerdo con la aseguradora del Gobierno de Aragón, que ha indemnizado a la familia con 190.000 euros en reconocimiento del daño sufrido.