El dueño de Fitonovo, adjudicataria de cuantiosos contratos de mantenimiento del Ayuntamiento de Sevilla en la anterior etapa socialista, Rafael González Palomo, confesó en 2014 ante la jueza Alaya la entrega de un sobre con 30.000 euros «para el PSOE». La Guardia Civil consideró que Fitonovo también se encargó del pago de obras en la sede socialista de la Macarena, la agrupación de la que era secretario el imputado en Mercasevilla y detenido en la «operación Madeja» Domingo Enrique Castaño, cuyo incremento patrimonial fue cifrado en 411.215 euros, y que en un pacto con la Fiscalía ha admitido los hechos.

La Audiencia Nacional continúa con las vistas del «caso Fitonovo» en el que se dirimen las mordidas –reconocidas en gran parte por los imputados en base a acuerdos de reducción de condena, aunque matizadas después en alguna casuística por la desmemoria como en el caso del ex edil socialista Gómez Lobo– a cambio de contratos de parques y jardines. La Guardia Civil cifró en más de dos millones las «mordidas» entre 1995 y 2013, que se extendieron por toda España, llegando la empresa a amasar un patrimonio de 11 millones en plena crisis. En la causa, aparecen PSOE e IU como partícipes a título lucrativo –la fórmula usada en la Gürtel con los populares– en una red clientelar que describe el modus operandi de una época y que se resume en una especie de «madeja» –así se llamó la operación dirigida en principio por Alaya– de las vanidades.

La vida de Domingo Enrique Castaño era relativamente tranquila hasta que la jueza Alaya se cruzó en su camino. Su imputación en una de las tramas del «caso Mercasevilla» no había interferido apenas en su rutina, más allá del despido fulminante como apoderado de Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este. Seguía dejándose ver por los alrededores de su casa en el centro de la capital paseando a su diminuta mascota o acompañado de su familia. Nada que pudiera hacer sospechar lo ostentoso de su vida «de puertas para adentro». Hasta julio de 2013. La entonces titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla andaba tras la pista que iba dejando el reguero de propiedades que Castaño fue adquiriendo durante sus diversas etapas en la vida municipal, así como los regalos que Fitonovo hizo para granjearse sus favores en forma de suculentos contratos. Siempre bien colocado pero sin mostrarse demasiado, a excepción de «deslices» como en 2007 con un viaje de trabajo a costa de Mercasevilla–de donde se tiró del hilo hacia los ERE también– y que parecía una declaración de intenciones con tres de los implicados en la mayor trama de corrupción de Andalucía –los ERE– y lo que en la instrucción se dibujaba como la punta del iceberg de una presunta financiación irregular del PSOE, que gobernaba en Sevilla con IU. Al viaje fueron Fernando Mellet, ex director de Mercasevilla; Castaño; el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo; y el «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas. La «Madeja» se enredó en los pies de un hombre que, aunque nunca figuró públicamente demasiado alto, sí tenía «hilo directo» con los más altos dirigentes. La Instrucción ya señalaba que Fitonovo pagó obras en la sede de la agrupación del PSOE en la Macarena, un distrito, precisamente, años antes en el punto de mira por facturas falsas. Curiosamente, las reformas se facturaron a nombre de una empresa especializada en desratización.

Entre los autos de la jueza a los que accedió este diario, se relata que Castaño «después de la compra de un Audi, le pidió a Rafael González (dueño de Fitonovo) 60.000 euros para la financiación del Partido Socialista y que serían entregados» al entonces director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y secretario de la Agrupación del PSOE en la Macarena, «en las oficinas de Fitonovo». Gómez Lobo en el juicio ha reconocido los hechos y luego se desdijo. En su pacto con el fiscal para rebajar la condena a nueve meses, Castaño, y el resto de imputados menos tres (10 de 13), reconoció los regalos de la empresa y los 60.000 euros para la «financiación del PSOE». El partido en Sevilla rechaza las «acusaciones falsas» y las liga a «ventajas jurídicas». Para el PP-A, Fitonovo es «otra prueba más de la utilización corrupta de la administración por parte del PSOE».

En una nueva sesión, con los únicos que no han pactado, el ex director de Medio Ambiente Joaquín Peña negó que ofreciera información privilegiada a empresas y que conociera las mordidas. El ex concejal de IU José Manuel García dijo desconocer el pago de 155.000 euros de Fitonovo a su partido y que no tenía «responsabilidad en finanzas de la formación». Hoy será el turno del ex primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos para el desenredo de “la madeja”.