La ministra Ribera, invitada a explicar su postura sobre Doñana en el Parlamento andaluz

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido invitada al Parlamento andaluz para que explique su rechazo a la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva y que, según sus palabras, es «una barbaridad ilegal». Tanto el PP como Vox, partidos proponentes de esta iniciativa legislativa, la han incluido en el listado de comparecientes para que ofrezca su opinión en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Es la segunda vez que Ribera tiene la oportunidad de ofrecer su versión en la Cámara andaluza sobre este asunto. En la anterior legislatura también se tramitó una Proposición de Ley similar a la actual promovida por PP, Cs y Vox y que decayó una vez que se disolvió el Parlamento por la convocatoria anticipada de elecciones. Sin embargo, el Ministerio hizo llegar su rechazo a la citación a través de un correo electrónico en el que «agradecía la invitación» a acudir a dicha comisión, pero aludía a «dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas».

Existen varios precedentes de ministros que declinan acudir a una comparecencia en un parlamento autonómico. El problema es que los partidos políticos reaccionan de distinta forma en función de quién está en el Gobierno central en ese momento. Por ejemplo, la exministra Fátima Báñez declinó participar en la comisión de investigación de los ERE y su decisión fue incluso denunciada –y archivada posteriormente– por los tribunales. Pero hay otros precedentes que se dieron en la Comisión de Investigación del Prestige, constituida por el Parlamento de Galicia o la solicitud de comparecencia del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de personal del Banco de España y del FROB en la Comisión sobre Caja de Ahorros del Mediterráneo en las Cortes valencianas.

Por tanto, es previsible que Ribera decline la propuesta y no acuda una vez que se cite invitación formal desde el Parlamento andaluz aunque se fije fecha y hora para su comparecencia. Tampoco está previsto que la ministra atienda la petición de reunión trasladada desde el Gobierno andaluz, toda vez que ha supeditado cualquier tipo de interlocución a la retirada del texto que, de momento, sigue su trámite parlamentario.

El Grupo Popular argumenta su petición para que Ribera «pueda venir ahora a conocer con exactitud el contenido de la proposición de ley y realizar las aportaciones que considere oportunas para enriquecer el texto final, de manera que se pueda resolver de una vez la injusticia cometida con el planeamiento de 2014».

El listado del PP incluye la comparecencia de nuevo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –que tampoco acudió la vez anterior y se limitó a presentar un escrito–, y la de los alcaldes de los municipios afectados (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). Igualmente, se incluye a los representantes de organizaciones ecologistas, asociaciones de productores de frutos rojos como FresHuelva, o de sindicatos como Asaja, UGT y UPA en la provincia de Huelva.

La propuesta de comparecientes de agentes sociales y organizaciones la completan varios ingenieros agrónomos y técnicos de la Oficina de Ordenación del Territorio en Huelva y representantes de las plataformas de regantes de la zona, como la Confederación de Regantes de Huelva (Corehu) o la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, con el objetivo de tener una visión diversa y completa acerca de la reordenación administrativa de las explotaciones agrícolas en la comarca.

La propuesta de Vox es similar a la del PP, aunque además de a la ministra Ribera tira por elevación e incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, entre sus peticiones de comparecientes.

Por su parte, el Grupo Socialista, que en la anterior Proposición de Ley se abstuvo y en esta está radicalmente en contra, quiere que acudan, entre otros, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro; y el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, ambos contrarios a esta iniciativa. Alineados con la estrategia que se sigue desde el Gobierno central de trasladar este asunto a esferas internacionales, los socialistas abogan por la presencia de un representante de la Unesco «porque existe una gran preocupación en la comunidad internacional con la iniciativa irresponsable de Moreno Bonilla», señalan en un comunicado.