Juanma Moreno pide a Sánchez que los españoles digan sí o no al cupo catalán

El 1 artículo 145 de la Constitución, en su apartado primero, dice: «En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas». El PSOE de Pedro Sánchez ha elegido ese camino para defender su «financiación singular» para Cataluña. Y en Andalucía, Juan Espadas, habla directamente de «avanzar a un proceso de España federal». Una declaraciones que ayer mismo no dejaron pasar por alto los miembros de Vox. «El federalismo no viene en la Constitución ni se ha votado», le recordó el portavoz Manuel Gavira en Canal Sur Radio. Y casi al mismo tiempo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en Onda Cero, sugería a Pedro Sánchez la convocatoria de una consulta popular para poder decidir sobre un cupo catalán.

«Que haga una reforma a la Constitución, que nos lleve a un referéndum al conjunto de los españoles y votemos y decidimos si queremos ese modelo de cupo auspiciado por el separatismo catalán», aseguró. Existe el convencimiento de que ese acuerdo entre PSC y ERC es fruto de una «necesidad» para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat para que el propio Pedro Sánchez se siga «manteniendo en La Moncloa».

A juicio de Moreno, la medida de Sánchez no encaja en el «discurso de la izquierda», pues supone «privilegiar unos territorios, precisamente al más rico, frente a los más pobres». Una reforma de la Constitución supondría, acogiéndose al artículo 167 de la Carta Magna –no afectaría al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, sino al Título VIII, de la Organización territorial del Estado–que el proyecto de reforma fuera aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras; y si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentaría obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

Y una vez aprobada por las Cortes Generales, «será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras», según la Constitución. Un procedimiento que hoy por hoy es inviable por la falta de acuerdo entre las distintas formaciones políticas. Según Moreno, si todas las comunidades autónomas quieren recaudar y gestionar todos los impuestos como pretende Cataluña, «dónde quedarían los recursos del Estado» y ese «papel de redistribución de riqueza que tiene que tener el Estado y de cohesión entre los ciudadanos españoles».

En relación a si Andalucía estaría dispuesta a acogerse a una condonación de la deuda, Juanma Moreno señaló que «el problema» de esta comunidad no es de deuda con el Estado, que es de en torno a 25.000 millones de euros frente a los 80.000 millones de Cataluña, sino de infrafinaciación por un modelo de financiación autonómica que le hace perder unos 1.500 millones anuales.

Para resolver un problema «de supervivencia», Sánchez tiene que pagar «la deuda de una comunidad autónoma que no ha gestionado bien sus cuentas públicas», como es el caso de Cataluña, pero buscando además «blanquearlo» con el resto de comunidades, al decir que podrían acogerse a una condonación de deuda.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó ayer instar a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a realizar las actuaciones necesarias para la defensa de una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional. Asimismo, el Consejo de Gobierno manifestó su disconformidad y su oposición, con la mayor firmeza posible, a que el Gobierno de España privilegie a un territorio concreto con una financiación singular, ya que ésta supondría una vulneración de los principios constitucionales básicos, consagrados en la Constitución y de la normas que conforman el bloque de constitucionalidad. En este sentido, el Gobierno andaluz señala su disconformidad ante una negociación bilateral del sistema de financiación, al tratarse de un tema primordial y capital para el conjunto de los españoles y para el Estado. Así, considera que los recursos económicos de todos los españoles no pueden negociarse bilateralmente, sino con todos los territorios en su conjunto mediante los organismos y mecanismos articulados constitucional y reglamentariamente para ello. Por último, el Consejo de Gobierno estableció la necesidad de trabajar en el refuerzo de la posición de la sociedad andaluza para aunar una alianza con los principales agentes económicos, sociales, políticos, administrativos y académicos, que facilite la defensa política, social y, llegado el caso, jurídica del consenso de 1978 y del modelo de solidaridad y cohesión social. Porque esta situación amenaza no sólo a la igualdad territorial y el modelo de Estado, sino también y muy especialmente a los servicios públicos de los españoles.