El pasado 21 de diciembre murieron dos soldados que realizaban unas maniobras militares en Cerro Muriano (Córdoba), sede de la Brigada Guzman el Bueno X. Carlos León Rico -de 24 años y procedente de Viso del Alcor- y Miguel Ángel Jiménez Andújar -34 años y cordobés- fallecieron ahogados durante una práctica en la que tenían que sumergirse en un lago cuyas aguas estaban muy frías.

Según reveló el abogado de la familia de Carlos León, Luis Romero, supuestamente los 15 primeros soldados que se metieron en el agua llevaban lastre en su mochila. Les pusieron más peso encima "a modo de castigo", aseguró. A esto, esta mañana ha agregado en una rueda de prensa, que el capitán dio la orden a los soldados de no agarrarse a la cuerda atada a una encina que dividía la superficie del agua.

Además, ha anunciado que ampliará su denuncia contra el capitán y la extenderá a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario. abogado Luis Romero ha dicho que la denuncia va a ser ampliada para que se investigue al coronel, teniente coronel y general de brigada, mientras que se considera que el Ministerio de Defensa es responsable civil subsidiario de los hechos.

En rueda de prensa, el abogado ha señalado que el ejercicio no contó con un plan de seguridad en previsión de problemas, sin que hubiese personal sanitario en el entorno del lago artificial donde murió el soldado y otro compañero, además de llevar en la mochila un peso total de 12 kilos más o menos, ya que incluía una mina inerte como castigo por no haber hecho correctamente ejercicios en días anteriores.

"Casi la mitad de los soldados cargaba desde dos semanas antes del siniestro con lastre en su mochila", concretamente una mina inerte en su macuto, mientras que los mandos, ni los soldados de la segunda sección portaban dicho peso extra, que presuntamente fue colocado por el mando, reveló el letrado.

De este modo, agregó esta fuente, se internaron en el lago parte de los militares que formaban la primera sección a la que se ordenó entrar en el agua. El cruce de la balsa se produjo con la luz del día, cerca de las 9,00 horas, aunque la actividad de los militares se había iniciado horas antes, todavía de madrugada, alrededor de las 6,00 horas, con una práctica de topografía y otra subterránea.

Se explicaron los objetivos y la manera de llevarlos a cabo, se dieron las instrucciones, e incluso se llevó a cabo previamente una prueba fallida antes de que los efectivos entraran en el agua. Además, los soldados entraron en el agua sin chaleco para aligerar el peso, según las fuentes.

Al respecto, se había dispuesto una cuerda atada a dos encinas, una especie de guía que dividía la superficie del agua por su parte más corta -la distancia entre orilla y orilla era de unos cien metros-, al tiempo que "no había línea de vida, ni ambulancia ni flotadores o salvavidas a los que poder asirse en caso de peligro", según remarca la defensa de León Rico, para agregar que en la balsa "no se hacía pie".

En este sentido, continúa, la práctica se frustró unos minutos después de entrar en el agua los primeros efectivos. De hecho, la segunda compañía no llegó siquiera a iniciar el ejercicio. Los mandos y el resto de soldados que estaban fuera del agua fueron los primeros en socorrer a los compañeros, que pedían auxilio desde el agua, entre ellos, el cabo, Miguel Ángel Jiménez Andújar.

Otro de los soldados fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria. Le salvó la vida otro militar antes incluso de que llegara la ambulancia, al hacerle la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). Algunos de los efectivos que iniciaron el rescate terminaron teniendo que ser a su vez rescatados y atendidos por hipotermia.

El caso quedará en manos del Tribunal Militar

El Ministerio de Defensa apartó del mando al capitán que ordenó el ejercicio horas después del suceso. Entre tanto, las familias de los fallecidos han recibido hoy un nuevo varapalo al conocer que finalmente el Tribunal Militar se hará cargo del caso y no la Justicia ordinaria como ellos habían solicitado.

En la resolución, el magistrado argumenta que los hechos encuadran indiciariamente en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, según el cual "el militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo".

Ante este escenario, la defensa de Carlos Rico ha anunciado que recurrirá y que pedirá que los responsables sean juzgados por homicidio doloso.