Los testigos corroboran "lo que todo el mundo sabe" sobre las muertes de los dos militares de Cerro Muriano

El Juzgado Togado Central número 2 ha iniciado este martes una tanda de comparecencias testificales y periciales por videoconferencia en la causa que investiga la muerte el día 21 de diciembre del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, en Córdoba, y en ellas los testigos han facilitado "detalles en profundidad" y "apuntan a los responsables".

Según ha explicado a los medios el abogado Antonio Granados, que representa a la viuda del cabo Jiménez, las declaraciones de este martes "prácticamente han corroborado lo que ya todo el mundo sabe, ya se ha manifestado y la prensa y la sociedad en general saben de lo que ocurrió aquel fatídico día", de modo que "los testigos corroboran lo que realmente pasó y han dado detalles más en profundidad".

En este sentido, ha aseverado que "apuntan a los responsables que ya se sabe", de manera que "los detalles que se han dado corroboran lo que ya consta en el atestado y en las declaraciones que ya se habían manifestado con anterioridad", ha remarcado, para precisar que han declarado seis y esta tarde lo hacen otros diez, mientras que este miércoles declaran 16 testigos más y los peritos son para el jueves.

Por su parte, el letrado Francisco Pérez Romero, que ejerce la acusación en nombre de los padres del cabo fallecido, ha indicado que "se ratifica todo", después de que los testigos "están dando detalles de todos los hechos producidos" en unas declaraciones "extensas, pero también muy complejas". "Se está desvelando todo lo que aconteció el trágico 21 de diciembre", ha asegurado.

Entretanto, el abogado penalista y doctor en Derecho Luis Romero, que representa a la familia del difunto soldado Carlos León Rico, detalló hace unos días que tras inhibirse el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, el Juzgado Togado Central número 2 ha aceptado hacerse cargo de la causa, al "ver indicios de responsabilidad penal porque los hechos fueron muy graves y hay que averiguar todas las responsabilidades", acordando que figuren como investigados, además del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el teniente Jaime Tato Garrido y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán; los coroneles Tostón Méndez y Navarro González, así como el teniente coronel Zanfaño Hidalgo y un comandante.

El juzgado, según este letrado, no ha fijado aún fecha para la comparecencia de estos mandos militares, pero sí ha citado a 42 testigos y peritos, para que declaren por videoconferencia entre este martes y el jueves. Desde que los hechos aconteciesen, según el abogado, como representante del soldado visueño fallecido ahogado reclama "estas imputaciones y la del general de brigada, en la que seguiremos insistiendo".

Nuevas peticiones

En adelante, según Luis Romero, como acusación particular insistirá en solicitar que sea también investigado el general de brigada Ignacio Olazábal y que las diligencias sean sobreseídas con relación al sargento Álvarez Estupiñán.

En el auto del juzgado del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla de inhibición ante el Juzgado Togado Central, la citada instancia judicial expone que de lo actuado sobre el fallecimiento del soldado León Rico y del cabo Jiménez Andújar el 21 de diciembre durante la realización de un ejercicio consistente en el cruce de un lago artificial en la base Cerro Muriano, "en principio se pudiera considerar que el fatídico resultado producido tuvo su origen en que las medidas de seguridad empleadas en orden a la correcta realización del ejercicio programado no cumplieron la función pretendida".

A tal efecto, recuerda que las diligencias en cuestión se dirigían inicialmente contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el teniente Jaime Tato Garrido y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán, en cuanto posibles responsables penales de un presunto delito contra la eficacia en el servicio del artículo 77 del Código Penal Militar.