La autonomía política del Sahara

La mayoría de los países africanos están formados por tribus. Las potencias europeas trazaron las fronteras de los estados en función de sus intereses. La demarcación del Sáhara Occidental es un artificio colonial. El Sáhara nunca tuvo fronteras; es el desierto cálido más extenso del planeta: atraviesa el norte del Continente desde el Atlántico al mar Rojo, donde los saharauis –hombres del desierto– constituyen un mosaico de tribus sin lazos comunes. Resulta, pues, errado usar la generalizada expresión de «pueblo saharaui» para referirse a las cabilas del Sáhara Atlántico.

El órgano representativo del Sáhara es la Yemáa o Asamblea General, que encarna los intereses de las yemáas o asambleas parciales de las cabilas, al frente de las cuales está un chiuj o jefe local. Por tanto, el Frente Polisario no es el representante legítimo de estas tribus saharauis. Sin embargo, Naciones Unidas le ha reconocido impropiamente como interlocutor en la Región. Y la jurisprudencia de la Unión Europea también contribuye a tensionar el conflicto, porque atribuye al Polisario una exorbitante capacidad procesal que lo habilita para impugnar los acuerdos comerciales con Marruecos, aunque la justicia del Reino Unido ya ha resuelto la conformidad de estos tratados con el derecho internacional.

El Frente Polisario es una organización sanguinaria y cleptocrática que ambiciona constituir, mediante la lucha armada, un estado ficticio e instrumental en el Sáhara. El Polisario es el lacayo de los intereses geopolíticos de Argelia en la Región. Desde su independencia en 1962, Argelia pretende abrir un corredor al Atlántico por el Sáhara que fracture la integridad territorial de Marruecos y erosione su hegemonía en el Magreb. La dirigencia del Polisario es una gavilla de criminales magrebíes que ha impuesto un régimen de terror en los campamentos de Tinduf: cárcel del desierto donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de los saharauis.

Marruecos no es un Estado nuevo; su identidad política y cultural es secular. La soberanía de la dinastía Alauí sobre el Sáhara se funda históricamente en la baya: pacto de lealtad por el cual los chiuj de las tribus saharauis rendían pleitesía al sultán. El juramento de fidelidad de los jefes tribales a S.M. el Rey Mohammed V, el 25 de febrero de 1958, tras el crucial discurso en El Ghizlane, constituye la genuina forma de autodeterminación de las cabilas y la fuente de legitimidad del poder real en el Derecho islámico. Estos «vínculos jurídicos de fidelidad» con la Monarquía Alauita fueron reconocidos por la Corte Internacional de Justicia en 1975 y se han mantenido hasta nuestros días. De manera que estamos ante la prueba inequívoca de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

El Reino de Marruecos, bajo la dirección de S.M. el Rey Mohammed VI, defiende la integración del Sáhara con un enfoque holístico, que abarca la acción política y diplomática y la promoción del desarrollo socioeconómico y humano de la Región. S.M. el Rey siempre ha mantenido un diálogo sincero y fraternal para resolver el contencioso enquistado durante demasiado tiempo. Una solución pragmática es la argamasa para unir las familias y los territorios del Sáhara, que han sido segregados por el conflicto sostenido militarmente por el Polisario y Argelia.

La propuesta marroquí de una «tercera vía» –sin vencedores ni vencidos– para resolver el diferendo procede del Consejo Real Consultivo de Asuntos del Sáhara, instancia representativa de las tribus y las sensibilidades de la Región. La Iniciativa de un Estatuto de Autonomía para el Sáhara, de 2007, presenta un triple fundamento: a) el reconocimiento constitucional de la identidad cultural y política de los saharauis; b) la preservación de la unidad e integridad territorial de Marruecos, que garantiza la seguridad de Europa frente al terrorismo y el crimen organizado del Sahel y c) la reconciliación con los expatriados en Tinduf por medio de una amnistía general, el desarme y la desmovilización militar y una panoplia de políticas públicas que promueva la inclusión social de los hermanos saharauis en Marruecos.

El Proyecto de Autonomía para el Sáhara es la vanguardia del regionalismo avanzado de Marruecos. La Región del Sáhara tendría sus propias instituciones de autogobierno –Parlamento y Gobierno– y autonomía política para la gestión de sus intereses: competencias exclusivas en materia económica, fiscal, educación, sanidad, empleo, protección social, cultura y medioambiente. Mientras que el Poder Central asumiría la titularidad de las competencias sobre la bandera, el himno, la moneda, la explotación de los recursos naturales, el poder judicial, la seguridad y defensa nacional, las relaciones exteriores y las cuestiones religiosas y constitucionales.

S.M. el Rey Mohammed VI impulsa con su liderazgo la creación de riqueza y el bienestar en el Sáhara. Ha promovido el Programa de Desarrollo de las Provincias del Sur con una inversión de 8.000 millones de dólares. Este ambicioso Programa pretende vertebrar el territorio mediante las infraestructuras: a) el puerto atlántico de Dajla; b) el gaseoducto Nigeria-Marruecos; c) la autopista Tiznit-El Aaiún-Dajla; d) el puerto pesquero de Lamhiriz; e) una línea marítima de mercancías entre Casablanca y Dajla; f) la construcción de un centro hospitalario universitario en El Aaiún; g) una línea rápida de pasajeros y carga entre Fuerteventura y Tarfaya y h) una tecnópolis en Fum El-Ued.

El Reino de Marruecos favorece la inversión extranjera y promueve el empleo local en los proyectos solares y eólicos del Sáhara, que lo convertirán en uno de los principales proveedores de energía de África y de Europa. El sector pesquero genera miles de puestos de trabajo gracias al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Y el sector agrario, por su parte, está combatiendo la escasez hídrica con la inversión en infraestructuras, como las desaladoras, que han permitido poner a disposición de los agricultores 6.000 hectáreas de cultivo y desarrollar el proyecto de la «megalópolis del tomate» en Dajla.

Finalmente, hemos de subrayar que la autonomía política del Sáhara marroquí es la propuesta más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Cuenta con el respaldo jurídico de veinte resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; el apoyo político del Consejo de Cooperación del Golfo, los Estados Unidos, Japón, Brasil y los principales países europeos: dieciséis estados, entre los que se encuentra España, y el reconocimiento diplomático de veintiséis consulados en El Aaiún y Dajla. Por tanto, exhortamos a la comunidad internacional a que actúe con determinación para vencer las arbitrarias resistencias de Argelia al Proyecto de Autonomía para la Región del Sáhara.