Planificación
Andalucía quiere acabar con los asentamientos chabolistas en municipios agrícolas
Municipios como Lepe, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Níjar desarrollan un especial esfuerzo financiero y planificador
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha decidido terminar con el problema humanitario que suponen los asentamientos chabolistas que se pueden ver sobre todo en municipios agrícolas como Lepe, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Níjar, y para ello ha puesto en marcha el I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (EASEN).
No obstante, para que el plan sea un éxito antes había que conocer bien la realidad de estos asentamientos, por lo que se ha realizado el estudio previo a la realización de esta iniciativa, destinada a ser parte activa de un trabajo para afrontar, 30 años después, la mejor forma de erradicar los asentamientos en Andalucía de una manera estratégica. De este modo, lo que se quiere hacer no es fácil, pero había que activarlo sin más retrasos, y es, además, la primera vez que una administración lidera una respuesta conjunta, estratégica y coordinada, con todos los actores implicados, ya sean públicos, privados o componentes de la sociedad civil. Todo aquel que pudiese dar respuesta a esta realidad está convocado a intentarlo.
Hasta ahora han existido iniciativas puntuales, deslavazadas y desorganizadas para cambiar esta realidad. Asimismo, han existido líneas de financiación concretas, destinadas a ayuntamientos o entidades sociales, sin que todo este esfuerzo haya servido para solucionar el problema sino para cronificarlo a lo largo de los años.
Por ello, la Junta de Andalucía ha comenzado a liderar este trabajo, teniendo en cuenta, además, que los municipios que tienen asentamientos en su territorio se ven obligados a realizar un especial esfuerzo financiero, planificador y organizativo debido al incremento en el número de personas que demandan la prestación de servicios municipales motivado por los flujos migratorios. No obstante, se encuentran con que la Ley Reguladora del Régimen Local no prevé ningún mecanismo para compensar el esfuerzo de estos ayuntamientos y el desequilibrio financiero que sufren. De modo que es imprescindible que estos ayuntamientos sientan que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía no solo les ayudan de forma temporal.
Una decisión política indispensable
Entre los factores imprescindibles para que todo funcione, está la necesidad de que los ayuntamientos encabecen el trabajo necesario para que el Plan Easen llegue a buen fin. Las corporaciones locales son las que tienen que tomar una decisión política en la que no haya dudas, con el fin acabar con los asentamientos en su localidad. Así, todo lo que se haga, por mucho que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad coordine las actuaciones, tiene que pasar por el papel protagonista de los ayuntamientos. No es algo baladí. Se trata de acabar con una realidad tan indigna y poco aceptable como que personas, trabajadoras migrantes vivan en condiciones de riesgo y de precariedad máxima.
Pero para ello es indispensable también que el Gobierno central tenga parte activa en este plan, que a día de hoy sigue sin dar el paso adelante, sin mostrar un compromiso real de implicación, con lo que podría dejar pasar una oportunidad única para lograr algo histórico.
Un plan regional con una perspectiva global
El Plan Easen es un plan regional que precisa de soluciones globales. Son dos las provincias donde fundamentalmente se sufren los asentamientos ligados al ámbito rural y migratorio: Huelva y Almería, pero la realidad de estas provincias es muy distinta.
El modelo de grandes asentamientos se da actualmente en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Lepe, en Huelva, y Níjar, en Almería.
En otros municipios existe un modelo distinto (poblaciones mucho más reducidas, pequeños asentamientos, antiguos almacenes de aperos que sirven de infravivienda o en Almería los llamados Cortijillos). A falta de definir los datos de Níjar, que se conocerán en los próximos días, sí son reveladores los de los municipios onubenses de Moguer, Lepe y Lucena del Puerto, los que, de momento, ya están sobre la mesa.
En colaboración con equipos técnicos de los tres ayuntamientos onubenses se ha promovido la elaboración de un censo que recoja el número de personas que residen durante todo el año. Es decir, los ocupantes de esas chabolas son considerados vecinos de dichos municipios. De esta forma, no se trabaja ya con estimaciones que se manejan en todos los estudios que existen sobre asentamientos, sino que son los propios ayuntamientos los que se han pronunciado en este sentido. Estos censos serán ratificados en los próximos meses, y formarán la fotografía real con la que trabajar.
No se deja de tener en cuenta informes como el que el 112 realiza anualmente, de cara a analizar la accesibilidad a los asentamientos en caso de emergencias. Según este estudio, en 2022 había en Lepe 17 asentamientos, 12 en 2023 y quedan nueve en 2024. Además, de estos nueve destaca que no solo no han crecido en ocupantes, sino que han disminuido. Por su parte, en 2023 había en Moguer 15 asentamientos, y en 2024 solo quedan seis, de modo que con estrategia, colaboración y voluntad se puede acabar con los asentamientos en Andalucía.
Censos con nombres y apellidos
El trabajo de campo ha sido indispensable. A través de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía se puso en marcha un modelo de conocimiento para conseguir censos con nombres y apellidos, que permitan conocer no solo cuántas personas malviven en estos asentamientos, sino su situación personal (sexo, situación administrativa, idiomas, situación laboral, cargas familiares o tiempo que lleva residiendo en España).
En un amplio proceso de consulta, que ha implicado a representantes y responsables de los sectores públicos y privados, empresariales y sindicales, universidades, colegios profesionales y entidades sociales especializadas en el sector de las migraciones, de largo recorrido en la cuestión de los asentamientos informales.
Los resultados, poco a poco se van viendo, aunque el trabajo es continuo y sigue adelante sin descanso, con la implicación que se espera que no se retrase del Gobierno central para conseguir culminar los objetivos previstos
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