El discurso de Juanma Moreno de la igualdad entre territorios tiene fallas importantes. Uno de ellos toca de lleno al colectivo más vulnerable: los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo. Ellos no entienden de agravios, pero sí sus familias. A los padres y madres les resultará difícil entender que el presidente de la Junta se pregunte por qué para el Gobierno de España vale más un dependiente catalán o vasco que un andaluz, por ejemplo, y en cambio Andalucía licite un servicio como la atención temprana con un presupuesto un 35% inferior al que lo hace Baleares. La Consejería de Salud está a tiempo de reaccionar e incrementar el precio de las unidades de sesión del concierto social que el Consejo de Gobierno anunció el pasado lunes para evitar, como alertan desde la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (APAAT), la «muerte de la atención temprana pública».

El Gobierno andaluz ha aprobado un gasto por un importe total de 96.867.456 euros para la contratación del servicio de Atención Temprana bajo el régimen de concierto social en toda Andalucía. La prestación se concreta en unidades de sesión al precio unitario de 28 euros cada una. En la comunidad de Baleares acaban de licitar el mismo servicio al precio de 43,16 euros la sesión.

La APAAT lanzó el pasado mes de julio un SOS a la administración que no ha sido atendido. Una vez consumados los peores augurios, desde la asociación realizan un «llamamiento a la unión del sector» para iniciar movilizaciones.

El viernes se celebra asamblea de la patronal, que integra a un 20% de las sociedades del sector, a la que están invitadas todas las organizaciones que prestan el servicio en Andalucía. La situación, según explica el portavoz de APAAT Gonzalo Caba, es «insostenible» y conduce «al derrumbe» de la atención temprana pública como se conoce ahora. La actualización del convenio de los profesionales en enero, ya pactada, aumentará los costes muy por encima del precio fijado y que la Junta prevé incluso prorrogar hasta 2029. «No sé cómo pretenden que lo hagamos», se lamentó Caba.

«A 28 euros por sesión, como mínimo, perdemos cuatro euros por sesión. ¿Quién va a prestar el servicio así? Sólo las grandes entidades que tienen atención temprana, guardería, centros de día, residencia de ancianos... esas que tienen caja única y la atención temprana es un parte mínima para ellos», explica Caba, que ya adelanta que muchos lotes van a quedar desiertos en una primera licitación «seguro». Así, las grandes entidades acabarán copándolos con el perjuicio que acarreará para las familias porque «muchos niños y niñas se van a quedar desatendidos durante meses –seis o siete– y se romperá la continuidad asistencial».

A la larga, en cualquier caso, la calidad del servicio se irá reduciendo porque ninguna empresa puede mantener un servicio que genera pérdidas de forma sostenida. «En Madrid hay listas de espera de varios años porque el sistema está así montando», recuerda el portavoz de la patronal.

El coste de la sesión de 28 euros no se ha modificado desde 2021. La Junta de Andalucía sostiene que las entidades locales han visto aumentado su asignación de crédito a razón del aumento del precio de la sesión de 22 a 28 euros desde 2019.

En Andalucía hay 40.500 menores que requieren de una atención temprana y aunque se ha aumentado un 27% la capacidad asistencial tras la implantación del modelo del concierto social, la realidad del servicio ha cambiado y se ha encarecido como en el resto de los sectores. La mayoría de estas entidades son fundaciones, pequeñas asociaciones o pymes y autónomos sin la capacidad de las grandes organizaciones con o sin ánimo de lucro que también tienen acceso al concierto.