Las defensas del «caso Astapa» piden la nulidad tras 15 años

Más de tres lustros. Es el lapso de tiempo que ha transcurrido desde que el que fuera en 2008 alcalde de la localidad costasoleña de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fuese detenido en el marco del que se denominó como «caso Astapa» y que se juzga desde este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. Ahora, los acusados piden la nulidad de la causa.

La investigación se inició un año antes de la detención, a raíz de la denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad de la Costa del Sol junto con el denominado como Partido de Estepona (PES).

En la causa –que llegó a tener más de 100 personas imputadas, mantiene en juicio a medio centenar de ellas y que envió entre otros a Barrientos a prisión provisional seis meses– se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

En la primera sesión de la vista oral, el Ministerio Público solicitó incorporar al procedimiento un nuevo bloque relativo al origen de la investigación, mientras que las defensas del casi medio centenar de acusados pidieron la nulidad de todo lo instruido en ese largo período.

Así, el representante de la Fiscalía ahondó en la necesidad de «dar cabida a testificales y documentales que se han propuesto», así como a «cualquier manifestación que quieran hacer los acusados» y alguna pericial. El fiscal explicó que el motivo de pedir este nuevo bloque temático es facilitar el desarrollo de los otros diez ya establecidos en cuanto a la validez de la prueba y pretende «dar cabida a testificales y documentales que se han propuesto». Asimismo, consideró que deberían estar presentes todas las defensas.

Por su parte, las defensas de los acusados cuestionaron el origen de la investigación e instaron a la práctica de pruebas sobre una supuesta vinculación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el inicio del mismo.

La representación legal de Barrientos, principal acusado expuso en Sala que determinadas informaciones relativas al excomisario «ponen de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y la «instrumentalización desde el inicio de la investigación policial» a través del aludido.

Así, la abogada María Gutiérrez, que planteó hasta cinco cuestiones previas en su intervención, aludió a conversaciones telefónicas y a las agendas del aludido de las que se desprendería su supuesta intervención en la elaboración de informes «falsos» para la causa, motivado por presuntos intereses personales y urbanísticos en el municipio esteponero. Entre otros, solicitó la nulidad de los autos que dieron pie a las escuchas telefónicas y , con ellos, la nulidad de las pruebas que se obtuvieron a raíz de estas, al tiempo que reclamó la incorporación de documentación de casos de la Audiencia Nacional que tienen vinculación con el excomisario y que ya había sido solicitado anteriormente. Los abogados de una decena de acusados, como el exedil Francisco José Zamorano y el que fuera gerente de Urbanismo se adhirieron a las nulidades planteadas inicialmente y apuntaron a la prescripción de varios delitos por los que se acusa a sus clientes. También plantearon que se trata de una causa general y la falta de control judicial.

Vista oral

La fase de cuestiones previas se desarrollará hasta este jueves y proseguirá los días 16 y 17 de este mismo mes, tras lo que el juicio quedará interrumpido hasta el próximo 7 de marzo, fecha en la que se reanudarán la vista con la fase de pruebas.

El juicio se dividirá en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Además, se analizará en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.