Cuando Ramón Fernández Pacheco (Barcelona, 1983) conoció a Juanma Moreno en 2014 apenas tenía 31 años de edad. Le faltaban unos meses para ser elegido el alcalde más joven de Almería y el hoy presidente de la Junta de Andalucía acababa de sustituir a Juan Ignacio Zoido para liderar el PP-A. La relación de confianza mutua se ha fortalecido con el paso del tiempo hasta el punto de que tras la salida de pesos pesados del Gobierno, el exalcalde es hoy el consejero benjamín con la responsabilidad de ser, además, el portavoz sustituto de Elías Bendodo. “Todo lo que ha hecho ha sido ayudarme. Lo que hemos emprendido juntos ha sido para mejor: responsabilidades importantes que conllevan decisiones difíciles.No es que no pudiera decirle que no, es que no quería”, explica. Un doble reto que le está obligando a estudiar mucho en muy poco tiempo, pero que afronta con templanza, ilusión y vocación de servicio público.

Se ha hecho cargo, posiblemente, de la consejería más bonita de la Junta de Andalucía, pero al mismo tiempo una de las que más “marrones” tiene. Compatibilizar los intereses económicos con la salvaguarda del patrimonio natural a veces es imposible. ¿Es consciente de ello?

Sin duda, es una de las consejerías más bonitas. Trabajar con el patrimonio natural de Andalucía es maravilloso. Es verdad que muchas veces se plantea un conflicto entre el desarrollo y la conservación. El reto de esta consejería consiste en superarlo y entender también el medio ambiente como un motor de desarrollo.

El concepto revolución implica cambio. En la primera legislatura se ha trabajado mucho en la idea de Revolución Verde, pero en la práctica se han continuado estrategias ya conocidas...

La Revolución Verde que abandera el presidente no tiene que ver exclusivamente con las competencias de esta consejería. Si por algo se caracteriza ésta es por ser una de las más transversales. La implicación en políticas verdes tiene que ser de todo el Gobierno. Es cierto que se están haciendo muchísimas cosas y que ese carácter impregna todas las políticas que ponemos en marcha. Y también es cierto que a lo largo de esta legislatura vamos a apretar el acelerador de la Revolución Verde. Lo vamos a hacer desde el punto de vista legislativo. La aprobación de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) va a marcar un antes y un después en la manera en la concebimos los procesos de producción. Queremos cambiar el paradigma, queremos que el empresariado andaluz deje de ver los residuos como un problema y pasen a convertirse en una oportunidad. Y, luego, tenemos que seguir conservando el patrimonio natural de Andalucía y esa va a ser una línea fundamental de la consejería. Lo vamos a hacer nosotros y queremos hacerlo mediante colaboración público-privada. Al final, no es tanto el cambio de modelo económico como el cambio con la manera en la que nos relacionamos con el entorno.

Los datos del paro siguen siendo motivo de preocupación. La LECA es una ley ambiciosa que aspira a cambiar el modelo productivo andaluz. Ser pioneros implica no solo legislar sino aplicar y visibilizar ese cambio a la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer?

La LECA no consiste tanto en implantar de forma novedosa la economía circular como en acompañar a empresas de todo tipo que ya hacen economía circular. La ley lo que intenta es regular esa realidad, impulsarla y potenciarla para colocar a Andalucía como líder en una materia por la que pasa el futuro. Al final, lo que no se visibiliza parece que no se hace. En la LECA conviven varias realidades. Por un lado, la obligación legal de implantar procesos de economía circular y, por otro, la importancia de incentivar a las empresas. La LECA no es una ley punitiva, aunque tengamos normas de obligado cumplimiento, es una ley que nace con el espíritu del incentivo. Por ejemplo, la creación de registro público en el que las empresas puedan de manera voluntaria inscribir sus productos con una trazabilidad que demuestre que son fruto de procesos de economía circular y que eso les pueda primar en licitaciones públicas, por ejemplo. O que el consumidor pueda comprobar si un producto se ha fabricado en el extranjero mediante un proceso de extracción de materias primas o es fruto del reciclado, con una economía local, con una huella baja de emisiones de CO2... Esa es la filosofía, porque hoy el cliente valora ese tipo de procesos. Al final, esta ley no es más que el fruto de una necesidad social. Hoy el cliente, ciudadano medio, valora con los productos que consume sean productos sostenibles. No hay más que entrar en cualquier supermercado. Palabras como ecológico, sostenible o bio forman parte del 90% de lo que consumimos.

¿Cuál es el camino que quedar por recorrer?

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno, se ha remitido al Parlamento. Una vez que se apruebe empezaremos con el desarrollo reglamentario. Se va a realizar por tramitación ordinaria. Confío en que sea rápida y se apruebe durante el primer trimestre del año que viene y, sobre todo, espero que cuente con el mayor consenso posible. Se puede matizar y permanecemos abiertos al diálogo político y social. Pero el espíritu de la ley me parece incontestable. Todos estamos de acuerdo en que cuanta menos materia prima extraigamos del medio natural es mejor. El residuo es un problema y todos estamos de acuerdo en intentar que vuelva a formar parte del ciclo económico. La filosofía la compartimos todos. Espero que podamos aprobarla con el voto favorable de todos los grupos.

Una de las primeras medidas del Gobierno de Moreno fue la puesta en marcha de un Plan de Reactivación de Calidad Ambiental (había 4.300 expedientes bloqueados en 2019). ¿En qué estado de encuentra, se ha normalizado la situación? ¿Falta de personal, solución?

A lo largo de la anterior legislatura se avanzó mucho, pero también entraron muchos nuevos expedientes. No es una foto fija. Se han resuelto más del 71% de los expedientes de todo tipo (autorizaciones ambientales, chiringuitos). Los decretos de simplificación administrativa, la redimensión de las delegaciones provinciales o la digitalización de los procesos es fundamental. La idea es aprobar otro decreto de simplificación en el último trimestre del año en el que la gestión ambiental tiene que ser protagonista. Es difícil concebir una acción empresarial que no tenga incidencia en el territorio y no necesite un informe ambiental.

A diario se publican en el BOJA solicitudes de autorización de proyectos fotovoltaicos que muchos empiezan a considerar ya un problema (paisajístico, afección al entorno...). ¿Es partidario de cambiar la regulación actual? ¿Se lo plantea el Gobierno?

La tarea de la Administración es que nadie sortee la ley. Las leyes están para cumplirlas y si no nos gustan, lo que hay que hacer es cambiarlas por la vía parlamentaria. La sociedad cuenta con herramientas para cambiar las leyes que no nos gusten. Andalucía aspira a ser soberana energéticamente y aspira a liderar en toda España ese proceso que nos debe llevar a un consumo de renovables suficiente para no depender de terceros países o de contingencias internacionales. Tenemos territorio, tenemos sol, tenemos viento... probablemente en algunas zonas nos faltan líneas de evacuación para poder transportar toda esa energía, pero lo tenemos todo. La apuesta por al apoyo a la iniciativa en materia de fotovoltaica es clara y decidida. Ahora bien, no es clara y decidida en cualquier sitio. Para alcanzar la potencia de 12 gigavatios que Andalucía aspira a producir no hace falta llenar todo el territorio de Andalucía de placas fotovoltaicas, claro que no. Por eso cada expediente se estudia minuciosamente. Cuando habla de simplificación administrativa o de la agilización que deben tener los expedientes también en los proyectos fotovoltaicos no hablo nunca de aminorar la protección ambiental, aun cuando el expediente desemboque en un ‘no’. Todo el que entra a trabajar en esta consejería tiene que saber que hay que decir que no, y en bastantes ocasiones además. Vamos a intentar que ese no por sistema se convierta en un ‘sí pero...’. Muchas veces hay que decir ‘no’ y no pasa nada. Hay territorio de sobra en Andalucía para que esos proyectos se instalen, para que la administración acompañe en ese proceso a los empresarios. Para que seamos ágiles y a la vez salvaguardemos los valores ecológicos de Andalucía.

El otro marco normativo que su consejería está desarrollando es la Ley de Cambio Climático, una realidad que aún algunos niegan...

Me sorprende el debate en algunos sectores sociales. El cambio climático es una evidencia. No lo digo yo, lo dice cualquier que se haya bañado este verano a la playa. El agua estaba mucho más caliente. Que le pregunten a los agricultores. Las consecuencias son evidentes. El debate puede ir acerca de la oportunidad o no de que las administraciones se impliquen, primero en mitigar el cambio climático y contribuir desde lo local y regional a un problema global; y luego a compensar las consecuencias del cambio climático. Son dos cosas diferentes,. Hay que intentar frenar el cambio climático, eso es algo que requiere de soluciones globales, pero si no arrimamos el hombro no llegarán. Y luego está la mitigación de las consecuencias. La ley se aprobó en enero de 2019. Tenemos el Plan Andaluz de Acción por el Clima, la estrategia andaluza de la energía... distintas herramientas. La unión con los ayuntamientos y con las empresas es fundamental. La lucha contra el cambio climático requiere de soluciones globales. Andalucía tiene que ser líder, primero por la casuística de nuestro territorio. Además, tenemos a un presidente que cualquiera que lo conozca sabe que este tema le preocupa y le ocupa. Está especialmente implicado, hasta el punto de que es el ponente de la legislación ambiental a nivel europeo en el seno del Comité de la Regiones. Las consecuencias no solo son en relación al medio ambiente, la biodiversidad y al desarrollo de los ecosistemas, que es muy importante, sino y también para la economía y la vida de miles de familias que dependen del agua pata desarrollar su actividad agrícola, ganadera, turística... En Andalucía si no hay agua, no hay nada.

Juanma Moreno consignó 1,1 millones para las tareas de desescombro del Algarrobico. ¿Ha habido algún avance en la comisión mixta? ¿No le gustaría pasar a la historia como el consejero con el que se derribó el Algarrobico?

El Algarrobico es un despropósito. Primero, viene a reflejar la situación de la justicia en España. Algo debemos cambiar para que estos procesos no se alarguen tantísimo en el tiempo. Todavía el Ayuntamiento de Carboneras tiene que mover ficha. Yo, como almeriense, como andaluz y como consejero de Medio Ambiente tengo claro que en cuanto tengamos un mandato claro de la justicia, la Junta de Andalucía va a ser diligente y va a hacer lo que tiene que hacer. El debate se tuvo que acabar hace mucho. Nadie puede sintiese orgulloso de que siga ahí después de tanto tiempo.

¿Lo veremos con un pico participando en el derribo?

Lo que tengo claro es que la Junta de Andalucía no va a titubear. Quien vaya a hacerse esa foto es lo de menos, la foto importante es la de la restauración de ese entorno.

Uno de sus primeros gestos como consejero de Sostenibilidad fue visitar Doñana. Durante la anterior legislatura se habló mucho de inversión en el Parque Nacional pero sin estar sobre el terreno.

Es cierto que Sierra Nevada es una pasada; qué voy a decir de Cabo de Gata; Sierra de las Nieves es una gran desconocida de la que tenemos que hablar mucho a lo largo de esta legislatura; el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas... en Andalucía hay espacios maravillosos, pero la joya de la corona es Doñana. Los valores ambientales que provocaron la protección de Doñana tienen que ser una línea roja para el Gobierno de Andalucía. Me voy a empeñar en hablar de Doñana en términos positivos. Cuando se plantea esa dicotomía en la que algunos se empeñan en meternos para que elijamos entre Doñana o los agricultores, yo me rebelo. Eso es lo fácil y para eso vale cualquiera. El reto es ayudar a los agricultores sin perjudicar Doñana y eso es posible. Doñana no necesita más polémica, sino un gran pacto, un gran acuerdo con soluciones conjuntas. Habrá quien me tache de iluso, pero es el objetivo que voy a perseguir. Voy a invitar a todo el mundo a que se sume a esa iniciativa.

¿De verdad cree posible una solución?

Los agricultores de la Corona Norte llevan padeciendo una injusticia desde hace mucho tiempo. Son familias que tienen allí su medio de vida y necesitan una solución que les aporte seguridad jurídica y eso también es responsabilidad de la Administración pública. Es una evidencia que no se puede esquilmar el acuífero. Habrá que llevar recursos hídricos de otra manera a esos agricultores. Hace falta la implicación de todos, de la Junta y del Estado, de los ayuntamientos de los propietarios de las fincas. Doñana es un Parque Nacional gestionado por la Junta pero que tiene un montón de propietarios. Los grupos ecologistas juegan un papel fundamental y no pueden ser enemigos de las administraciones y de los agricultores. ¿Alguien piensa que los agricultores quieren cargarse Doñana? Seguro que no. Igual que los ecologistas no quieren acabar con el futuro de esas familias.

Está a punto de concluir la temporada de alto riesgo de incendios (15 de octubre). Se ha hecho mucho por el Infoca en los últimos 3 años, pero es una obviedad que Andalucía necesita cada vez más...

Es una decisión que no debe ser política. No vengo a dirigir técnicamente el Infoca. Los profesionales saben mucho más de la gestión forestal y de lo que necesita Andalucía para luchar contra los incendios que yo. Los técnicos decidirán hasta dónde se amplía la temporada de alto riesgo. Una vez finalice será el momento de manera sosegada de analizar la temporada y adoptar decisiones. Y habrá que tomarlas en el marco de la negociación colectiva con los sindicatos. Cada vez que los políticos prometemos en materia salarial o de retribuciones estamos menospreciando el foro en el que eso debe suceder. Ese foro es el de la negociación del convenio que toca ahora. Quiero un diálogo constructivo para llegar al mejor convenio posible. La realidad nos está demostrando que el Infoca es un servicio fundamental, uno de los más valorados por los andaluces, una de las marcas de excelencia... En la última legislatura se ha mejorado la dotación de personal. Hoy hay más personal en el Infoca y ese personal ya no sufre las consecuencias de la eventualidad porque se ha mejorado con la figura del contrato fijo-discontinuo. Tenemos más medios materiales, mejores infraestructuras... pero tenemos que seguir avanzando. Pero primero de la mano del colectivo, y siempre que sea asumible desde un punto de visto presupuestario de la Junta de Andalucía. Muchas veces lo ideal está reñido con lo posible. En la búsqueda de ese equilibrio está el sentido común.

El borrador del nuevo Plan Forestal dice que hay que aumentar en prevención. Los expertos instan a elevar la prevención al 40% del gasto en labores de extinción.

Andalucía tiene un Plan Forestal obsoleto. Por eso nuestra intención es aprobarlo a lo largo del primer trimestre del año que viene. Ese Plan tiene que cambiar nuestra visión acerca de muchos aspectos de la gestión. El Plan forestal compromete una inversión de Y hay que colaborar con el sector privado. Estamos implantando una nueva manera de reforestar mediante estructuras de mosaico que permiten atacar el fuego de una manera mucho más efectiva. Hay que hablar de ganadería... La consecuencia del Plan Forestal no puede ser no hacer nada en el monte, hay que gestionarlo con inteligencia y de una manera sostenible. La idea es sacar a lo largo de esta legislatura una Ley Forestal de Andalucía. La gestión del monte es fundamental. Hay que darle una vuelta y lo vamos a hacer.

Para terminar, aváncenos algo de la futura Estrategia de Economía Azul de Andalucía.

La economía azul son 300.000 puestos de trabajo en Andalucía. Es más del 10% del PIB de nuestra tierra. El ser humano lo lleva haciendo desde su origen: aprovechar lo que el mar y el océano nos puede dar. En el siglo XXI lo abordamos desde el prisma de la sostenibilidad. Tenemos mil kilómetros de costa en dos fachadas, atlántica y mediterránea, una red de puertos impresionante... En esa Estrategia queremos hablar de la pesca, del turismo o de la industria naval, pero también de acuicultura, de biotecnología marina, de renovables. Y queremos que todos esos sectores que conviven en el ecosistema interactúen. Lo vamos a hacer a lo largo de las cinco provincias, organizando eventos, dando protagonismo a la comunidad científica, a las universidades y a los centros de excelencia. Andalucía también tiene que liderar el proceso de economía azul. Nadie está hablando en los términos que nosotros planteamos que se hable. El mes que viene llevaremos la formulación al Consejo de Gobierno de la “EA2″, como la hemos bautizado. Más que la estrategia en sí, lo más interesante será el proceso de elaboración de la misma. Para que los sectores sientan como propias las conclusiones tienen que participan de su elaboración. Es un reto complejo, pero para eso trabajamos.