«La dictadura del comisario lituano» condena a la pesca andaluza

La figura del pescador en Andalucía es hoy casi una profesión en riesgo de extinción. Se trata de un oficio vocacional, familiar y sacrificado. Su estilo de vida se aleja de los cánones actuales, pero también es una actividad básica, pues proporciona alimentos indispensables de nuestra dieta. Un sector vulnerable y cada vez más concienciado con su medio, como reconocen las administraciones nacionales, que se ha chocado con un enemigo de nombre impronunciable: Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

La UE dispone de competencia exclusiva en el ámbito de «la conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común», de conformidad con los Tratados. A casi todas las decisiones sobre pesca les es aplicable el procedimiento legislativo ordinario, con la notable excepción de la fijación de los límites de capturas y las cuotas, que es prerrogativa del Consejo. A priori, por tanto, es el Consejo de ministros del ramo el que desempeña el papel clave en la gestión de las poblaciones de peces de la UE y en la determinación de las capturas para los agentes económicos de los Estados miembros, como establece el Tratado de Funcionamiento de la UE.

Sin embargo, un acto delegado de la Comisión, sin mediación del Consejo ni del Parlamento europeo –agota la vía política–, ha puesto en jaque la pesca de arrastre al imponer un veto a cientos de barcos andaluces, españoles y de otros países de 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda donde se suponen que existen zonas vulnerables. Entre ellas se incluye al Golfo de Cádiz, cuyos barcos dedicados a las artes de fondo no podrán faenar en esos calderos a partir del 9 de octubre.

El Gobierno reconoce el grave perjuicio provocado y aún confía en abordar en el Consejo de ministros de agricultura del lunes en Bruselas una solución menos drástica, mientras estudia un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El sector pesquero, en cambio, es pesimista. «La Comisión aplica una política de hechos consumados. Es una barbaridad, un sinsentido. No hay ningún aval científico y se han pasado las normas comunitarias por el forro. Ni han consultado al sector ni han tenido en cuenta las opiniones de los estados miembros», explica a LA RAZÓN José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, que admite que esperaba «más contundencia» por parte del Gobierno.

El sector sí va a ir al tribunal europeo al entender que «es una tropelía». «Este comisario se está cargando la pesca española», añade. Gallart recuerda que Sinkevicius «lleva dos años castigando de una forma terrible al Mediterráneo» y teme «más recortes» en diciembre.

El sector confía en tener la próxima semana un informe socioeconómico para calibrar el impacto que tendrá la pérdida de «una cantidad de caladeros importante sin ningún motivo». Porque los pescadores califican como una «aberración» que la decisión se adopte en base a unos «estudios científicos desfasados» de 2011.

«No nos pilla por sorpresa, es un comisario ‘antipesca’, sobre todo española. Está muy influenciado por las organizaciones medioambientales. Sabemos cómo es el lituano, un ‘perroflauta’ que nos tiene fritos y no hay quién le pare los pies», se desahoga Gallart, que pone énfasis en destacar que «el sector pesquero andaluz y español ha hecho los deberes y es la flota que más se ha reestructurado en Europa y que más concienciada está con la sostenibilidad medioambiental».

El perjuicio de la decisión tomada «no vamos a ser capaces de enderezarlo». ¿Consecuencias?: «Si pierdes unos caladeros, la actividad se concentrará en el resto y provocará una sobrepesca, que es lo contrario de lo que dice la Política Pesquera Común». Por ahora, Faape está a la espera de que el Ministerio indique la batimetría para hacer una valoración real. En cualquier caso, el daño va a ser «muy importante en la zona del Golfo de Cádiz y los puertos de Sanlúcar, Isla Cristina y Ayamonte para la pesca de arrastre». El sector ha pedido a la Junta de Andalucía que se persone jurídicamente en Bruselas también y baraja movilizarse ante la sede permanente de la UE en Madrid.

El comisario ya visitó el año pasado Almería. «Le explicamos con detalle, estuvieron viendo los barcos, cómo pescamos y lo que hacemos... pero es la dictadura del lituano y una pena que ni desde el Parlamento ni el Consejo le paren». E insiste en que hay estudios que avalan la recuperación de los caladeros dentro de los niveles admitidos, hasta lo reconoce el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). «La sobrepesca está desapareciendo, pero al comisario le da igual», argumenta.

El Gobierno de España los presentó a la Comisión. «Los niveles de biomasa se están recuperando y si nos dejaran trabajar con el nivel de concienciación actual, es un sector con futuro. Pero si seguimos con estas directrices de Bruselas nos condenan a la desaparición. ¿Quién se va a plantear su futuro profesional en la pesca con los problemas que tenemos? Nadie», concluye.