La de los ERE, como la gota malaya, es la corrupción constante que rebosa el vaso. Durante más de una década, en el seno de la Junta de Andalucía se tejió un sistema clientelar en el sacro nombre de la «paz social». Se trata de una corrupción que impregnó tanto al que daba -comprando voluntades de paso– como al que recibía –«las criaturitas», que acuñó el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero– siendo además, probablemente, los mayores beneficiarios económicos los intermediarios. Lanzas, según las diferentes instancias judiciales, se llevaba una mordida del 5% por cada ERE en que intervenía y pudo cobrar más de 13 millones. Bajo un colchón, se hallaron más de 80.000, en billetes de 100 y 500. La Sala II del Tribunal Supremo, con dos votos a favor y tres en contra, falló que los hechos ya juzgados en la Audiencia de Sevilla son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación y ratificó las penas con la única rebaja al ex director de Trabajo Juan Márquez. El caso ha pasado por tres instancias judiciales –instrucción, juicio oral y el recurso de casación en el Supremo– y las tres coinciden en la primera parte de lo que Griñán presentaban como un axioma: «Hubo un gran fraude». Y corroboran lo que negaba el ex presidente: también «hubo un gran plan» que, aunque por parte de los responsables políticos, en su mayoría, no consistió en meter la mano en la caja, sí sirvió para distraer los fondos públicos de su fin original. Todo comenzó un 23 de febrero de 1999 en una empresa de chorizos en crisis, Cárnicas Molina, y con elecciones a la vista. Aquí arrancó la trama de los ERE, en la que se distrajeron hasta 680 millones que debían ir a los parados andaluces y en parte fueron a parar a intrusos entre los que llegaron a estar el chófer o la suegra del alto cargo que «asaba la manteca».

Casi todo en los ERE estaba fuera de medida y si no había documentación se anotaba en un post-it para «agilizar». Así se llegó a la partida 31L. La Junta admitió que pagó ayudas sin expedientes ni solicitudes. Las autoridades condenadas, como Griñán, defendieron que «el crédito nunca delinque» y que se siguen pagando las pólizas –27 millones aún hasta 2025–, el gato al que nadie le ha puesto el cascabel ante la incapacidad de desgranar qué prejubilación era correcta y cuál no, más allá de los intrusos. Un prejubilado del «caso ERE» fue recientemente condenado a devolver 34.000 euros tras recibir una indemnización «exagerada».

La corrupción sistémica se instaló en los satélites del PSOE. Otro auto señala que un cargo socialista cobró 112.000 euros del ERE sin trabajar en Mercasevilla. Antonio Garrido Santoyo, de la ejecutiva local de Baeza, próximo al conseguidor Juan Lanzas y a Ismael Sierra, percibió 5.876 euros al mes durante año y medio por su prejubilación, pero la empresa confirmó que nunca estuvo en plantilla.

¿Cuál era el modus operandi? Otro ejemplo ilustrativo: el militante socialista de El Pedroso Alejandro Millán relató en el juzgado que, después de sufrir un infarto en 2005, recibió en su domicilio la visita de Guerrero, que se interesó por su salud. Ambos vivían en el mismo inmueble del municipio. El ex director general de Trabajo se extrañó por que sólo le quedó de paga de incapacidad –con una minusvalía del 33%, lo que le permitía trabajar– unos 545 euros. Inmediatamente le arregló la documentación y le granjeó un pensión de oro al meterlo como intruso una empresa.

Guerrero, fallecido durante el caso, permaneció en su cargo una década; de lo que se infiere que algo haría bien o muy bien quien para la Junta era el hombre «de la paz social». Este concepto fue redefinido por Alaya como el «verdadero negocio»; con Administración, aseguradoras, sindicatos e intermediadores como protagonistas.

Cuando la Junta de desprendió de Rodríguez Cordobés, se le buscó también acomodo en un ERE. Rodríguez Cordobés fue delegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla desde 1998 a 2000 y posteriormente trabajó como director de la Escuela de Artesanos de Gelves hasta octubre de 2008. Antes fue, durante seis años, director gerente del Plan de Barriadas de Polígono Sur, Polígono Norte y Torreblanca. La juez consideró que «prevaliéndose de sus contactos de amistad y políticos con ciertos cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz consiguió que el director general de Trabajo Juan Márquez, con la activa participación del delegado provincial de Empleo Antonio Rivas y del asesor del primero Ramón Díaz Alcaraz, lo incluyera como beneficiario en la póliza de prejubilación de los trabajadores de Calderinox, empresa para la que Rodríguez Cordobés no había trabajado nunca».

«¿Si yo tuviera tantos millones como dicen, iba a estar recogiendo aceitunas?», comentaba Lanzas en los pasillos del juzgado, taciturno pero afable, con barba de varios días, ojeriza y abrigo deportivo, durante las alrededor de 20 horas que estuvo esperando para que su señoría Mercedes Alaya le tomara declaración al inicio del caso. Lanzas ya tenía la convicción de que ese día «iba pa’lante». En sus paseos durante 20 horas de juzgado se presentaba como un mediador, un comisionista, dolido por el qué dirán. «Nadie dice que durante cinco años conseguí los mejores convenios de España», rumiaba. «Si yo no tengo estudios, ¿cómo iba a montar este entramado con empresas pantallas y testaferros?», alegaba. Lanzas, según la sentencia, se sirvió de despachos como Estudios Jurídicos Villacís para el entramado legal. Una mediadora en los ERE pagó a Guerrero a través de un despacho de abogados. Alaya constató que la medidadora Uniter canalizó pagos a empresas de la órbita del ex director de Trabajo.

¿Influyó la trama en las elecciones que ganaba el PSOE cada cuatrienio? Chaves tiró del «fondo de reptiles» a un mes de los comicios de 2004. Aunque en el juicio desgranó que como presidente no conocía los detalles, el caso de los ex trabajadores de la extinta empresa de detergentes Bilore de Lucena (Córdoba) es otro ejemplo de cómo la partida 35L fue usada para apaciguar la conflictividad laboral. «Era el programa más publicitado que ha existido, creo yo, en el Gobierno (andaluz). Cualquier persona que viviera en Andalucía lo sabía», señaló el ex consejero Antonio Fernández. El ex presidente Griñán aseguró en su declaración que se enteró de las ayudas al estallar el escándalo, pero admitió que los pagos eran «en algunos casos censurables». «La Intervención siempre ha considerado que las transferencias eran inadecuadas pero legales», dijo. El ex presidente apuntó de lleno a la Consejería de Empleo, hablando de «una mala ejecución del gasto». Chaves, por su parte, sabía «perfectamente» que la Junta daba ayudas, pero no cómo. «Para mí es difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento para burlar la ley», defendió el ex presidente la Junta de Andalucía, quien argumentó su postura al mediar en la discusiones entre consejeros señalando que había leído un libro de intrigas palaciegas, «Juliano el Apóstata», en el que «se decía» que entre ministros, para que el Gobierno no entrara «en crisis» había que «darle la razón siempre al de Hacienda». Nunca leyó, en cambio, las memorias que acompañaban al plan anual de control financiero permanente de la Intervención General de la Junta. «No me podía dedicar a mirar todo el expediente de cada punto del orden del día –de los Consejos de Gobierno– porque me hubiera pasado todo el tiempo de mi Presidencia leyéndolos», ironizó para justificarse.

Puede que no existiera el «club de los ERE», en definición del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, pero el Supremo en contra de los que dijo Griñán cuando reconoció que hubo «un gran fraude», también corrobora ahora que en tanto se creo un sistema para eludir los controles sí hubo también «un gran plan». «El IFA era una caja pagadora a la que Viera y Fernández le succionaron el alma», se dijo en el juicio. Griñán pudo parar el fraude «en cualquier momento» y «sin necesidad de informes», se relató en la Audiencia. Hubo más de una decena de avisos del interventor sin atender.

El caso, en cifras

►Dos expresidentes andaluces, seis ex consejeros y otros 13 ex altos cargos más encausados.

►Un fondo sin control de 855 millones establecido entre 2001 y 2010. La Fiscalía lo rebajó a 680.

►Diez años de sistema ilegal, con Francisco Javier Guerrero al frente de los fondos nueve.

►Un total de 6.096: trabajadores recibieron ayudas del «fondo de reptiles» de los cerca de 121.000 que entre 2000 y 2010 se vieron afectados por ERE.

►Casi dos centenares de intrusos cobraron ayudas para prejubilarse en empresas en las que no trabajaron, como la suegra de Guerrero o su chófer.

►Tres centenares de investigados y 21 ex altos cargos.

►Más de una decena de avisos envió el ex interventor Manuel Gómez, sin que se actuara.

►El sumario del caso superó el millón de folios y el fallo tuvo 1.700 folios, más que del Procés.

►Un total de 187 piezas separadas tiene el caso con más de 500 imputados. Alaya abrió el caso el 19 de enero de 2011. El TS se pronunció en julio de 2022.