El ministro era juez

Aunque Alberto Garzón es malagueño de adopción y Fernando Grande-Marlaska, diputado cunero por Cádiz, se acepta comúnmente que los dos ministros andaluces del actual Gobierno son Marisú Montero y el valenciano Luis Planas. Eran el doble el 27 de junio, cuando este opinante marchó de vacaciones, pero la revolución de Pedro Sánchez los redujo diez días después y despojó encima de la portavocía a la titular de Hacienda, justo es decir que para alivio de una sintaxis española asaz sufriente con sus peroratas y soliloquios. Se escribió mucho sobre la salida de Carmen Calvo, vicepresidenta política sacrificada en el altar de podemismo queer, pero mucho menos de la eyección de Juan Carlos Campo, despojado de la cartera de Justicia para entregársela a Pilar Llop, aunque el poder real haya quedado en manos de Félix Bolaños. Ha sido el movimiento más relevante y, como suele ocurrir, el que ha pasado más desapercibido. El magistrado gaditano, ursaonense de nacimiento, se marcha sin haber completado la principal tarea que se le encomendó, esto es, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Un fracaso? Según cómo se mire. Campo, todo lo escorado ideológicamente que se quiera, no deja de ser un juez de carrera con vocalía en el CGPJ entre el último gabinete de Aznar y el primero de Zapatero, cuando la separación de poderes en España no estaba cuestionada por ninguno de los partidos dinásticos. La falta de acuerdo con el PP ha prolongado el mandato interino de Carlos Lesmes mucho más de lo deseable, sí, aunque peor habría sido que hubiese prosperado el intento de asesinato de Montesquieu que detuvieron las instancias europeas y del que, finalmente, desistió. Sánchez ha elegido ahora a otro sicario en la persona de Bolaños, quien a lo peor tendrá menos escrúpulos.