«El Gobierno de España quiere quitarle la gestión a los andaluces y quedárselos centralizados en Madrid». La robusta frase es del portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, y aludía a monumentos Patrimonio de la Humanidad que salpican la comunidad como la Alhambra, en Granada, Medina Azahara, en Córdoba; o los Dólmenes de Antequera, en Málaga. Por ése y otros motivos, la Junta, en concreto la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Patricia del Pozo, ha presentado una veintena de alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico que promueve el Ministerio de Cultura y Deporte, con Miquel Iceta a los mandos ahora.

De acuerdo a la versión expuesta por Bendodo, el Ejecutivo central «quiere crear en cada enclave declarado Patrimonio Mundial un patronato», en el que tendría presencia mayoritaria, para que «esos lugares sean del Gobierno», cuando los andaluces «saben gestionar» sus bienes históricos, por lo que la Junta no permitirá, según ha dicho, que el Gobierno estatal se los «quite». «Vamos a oponernos radicalmente a que así se produzca», ha proclamado.

Más tarde, en un nota, desde Cultura han argumentado que el anteproyecto de ley «invade claramente el ámbito competencial de las comunidades autónomas», por lo que sería inconstitucional, de ahí que desde esa consejería se haya pedido su retirada y la redacción de una nueva ley «que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo de las ciudades». Para el departamento de Del Pozo la futura norma no sólo no resolverá problemas existentes, sino que creará otros «al querer arrogarse el carácter de ley básica», aumentar la burocracia; o desproteger bienes «como el arte rupestre, que desaparece del articulado de la ley». Para la Junta es «innecesaria» además la mencionada figura de protección de Patrimonio Mundial, sobre la que orbitarán entes organizativos, «con evidentes costes económicos», en los que el Estado «se blinda con mayorías y se garantiza la dirección y control». Unas estructuras que, avisan, «ponen en riesgo, entre otros, el actual modelo de éxito aplicado en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad».

Ayuntamientos también mueven pieza

No sólo la Junta ha movido pieza.El Ayuntamiento de Córdoba ha alegado igualmente por invasión de competencias y ha denunciado el «sesgo ideológico» contra la Iglesia Católica. El Consistorio de Sevilla, de su lado, ha pedido que se aclare si hay «una invasión competencial» entre el Gobierno central y los órganos de gestión de los bienes Patrimonio de la Humanidad, como es el caso del Alcázar de la capital hispalense.