Se encomendaban al asombro de una respuesta positiva, después de algunos intentos infructuosos, pero la hondura de la sorpresa ha sido «grande». Desde Verdemar-Ecologistas en Acción elevaron una denuncia a la Comisión Europea para alertar del posible incumplimiento de normativas comunitarias en la Zona de Especial Conservación (ZEC) española rotulada como «Estrecho Oriental», debido al trasiego de «buques petroleros, butaneros y cargueros» que «fondean continuamente en la ‘cara este de Gibraltar’». La respuesta ha llegado desde la Dirección General de Medio Ambiente. En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se recuerda a la organización ecologista que ya avisaron de hechos similares en 2013 y «los servicios de la Comisión no pudieron constatar ninguna infracción del derecho de la Unión», por lo que «se archivó el expediente». Pero hay más. En relación al fondo de la queja, indican a los conservacionistas que tras el «Brexit», la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de enero de 2020, aquel país «ya no está vinculado por las obligaciones derivadas del derecho» emanado de la suma de estados «tras el final del periodo transitorio que expiró el 31 de diciembre de 2020».

Ahora, según lo marcado en el articulado del Acuerdo de Retirada entre las dos partes, la Comisión puede «seguir investigando los procedimientos de infracción existentes» o «incoar nuevosasuntos contra el Reino Unido» por las «cometidas antes de la finalización de dicho periodo», y no hay abierto ninguno, les aseveran, «relativo a Gibraltar» que «abarque el objeto de su denuncia». Por tanto, teniendo en cuenta que «la supuesta infracción se produjo antes» de la mencionada etapa, no está previsto arrancar «este nuevo asunto».

Con todo, agregan en su texto que se ha rubricado un Acuerdo de Comercio y Cooperación que «se está aplicando provisionalmente desde el 1 de enero de 2021» y que incluye «el compromiso de no regresión en lo que respecta al medio ambiente». Si bien, el Peñón «está excluido del ámbito de aplicación» de dicho pacto, admiten.

En ese contexto, la Comisión ha recibido una solicitud de España y del Reino Unido para «formular un mandato sobre un acuerdo» entre el segundo y la UE «en lo que respecta a Gibraltar», que abarcara, entre otras cuestiones, las medioambientales. Y, en teoría, desde Bruselas confían en que se siga respetando «el Memorando de Entendimiento sobre cooperación» en materia «verde» formulado para el tiempo de aplicación del «Protocolo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido».

En conclusión, tras el «Brexit» y la exclusión de la Roca del concierto para el comercio, la Comisión Europea «no puede dar curso» a la denuncia de Verdemar y sólo un futuro cambio en el marco jurídico actual podría permitir «examinar cualquier otra».

El presidente de la organización ecologista, Antonio Muñoz, lamenta que, en la práctica, el que el Peñón disfrute de «carta blanca» desde un punto de vista ambiental «tenga consecuencias», y no sólo en lo relativo al «peligro» de vertidos que conlleva «el fondeo permanente de buques» en el Estrecho. Pone un ejemplo. El que en un área de la Bahía de Algeciras se cumpla el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los barcos, y en otra no –la que la Roca dice que es de su gestión–, podría haber provocado la masa de color pardo que inunda playas andaluzas. Son kilos del alga «Rugulopterix okamurae», originaria de aguas templadas como las que rodean a Corea, Filipinas, Japón o China, una especie que se baraja que haya llegado a bordo de alguna de las embarcaciones que surcan el Estrecho y que está «tomando» el litoral y el fondo marino, expandiéndose de manera agresiva.