Para Cáritas, la demanda de asistencia social no aumenta en Navidad porque las necesidades de las familias desfavorecidas son las mismas «en noviembre o diciembre, no varían demasiado». Sin embargo, la celebración está marcada este año por la pandemia del coronavirus, que ha alterado nuestra vida y ha generado una nueva crisis con consecuencias letales. El presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, recuerda a LA RAZÓN que a partir de octubre «creció significativamente el número de atenciones», por lo que en enero «estaremos igual o un poco peor». La inminente llegada de la vacuna, señala, abre un «horizonte de esperanza más o menos cercano», pero advierte de que «la crisis social no ha hecho más que comenzar y sus efectos serán más prolongados que los de la crisis sanitaria».

En cuanto a las peticiones de ayuda más habituales, Pérez de Ayala destaca que las necesidades básicas son demandas que «siempre están ahí». No obstante, apunta que han crecido los asuntos relacionados con la vivienda, como el pago de alquileres, suministros e hipotecas. «También vienen personas que han perdido su empleo y buscan orientación laboral». Los comedores sociales están registrando una gran afluencia, acuñándose la expresión «colas del hambre» con la que Cáritas no está de acuerdo. «El término me parece muy desafortunado porque, en el fondo, estigmatiza a las personas que están en una situación de pobreza o vulnerabilidad», apunta el presidente regional de la institución dependiente de la Iglesia, además de asegurar que las organizaciones sociales «tenemos que cuidar que las ayudas se presten en condiciones de dignidad para que las personas no queden señaladas por tenerse que poner en una cola».

Ambas crisis, la de 2008 y la actual, presentan diferencias sustanciales. En la anterior, sus efectos empezaron a producirse «de una manera más escalonada en el tiempo», según Pérez de Ayala, todo lo contrario a la crisis derivada del coronavirus. De hecho, reconoce que, un día después de la primera declaración del Estado de alarma, «ya había personas solicitando ayuda, sobre todo las que dependían de la economía informal». Fue en el mes de marzo cuando ese colectivo dejó de tener ingresos. Se trata de empleadas de hogar que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y gente dedicada a la venta de chatarra o a trabajos esporádicos. «Está siendo una crisis brusca, sus efectos se notaron de forma inmediata». Junto a ello, alerta de que se ha destruido «mucho tejido económico» que, a lo mejor, «no se va a recuperar del todo». «En la hostelería, por ejemplo, hay negocios que han cerrado, no se sabe si volverán a abrir y si volverán a contratar a gente». Y fija una previsión temporal: «La recuperación social se prolongará durante un par de años».

¿Cuál ha sido el papel de las administraciones? Articularon herramientas de auxilio como los ERTE y el ingreso mínimo vital, esta última con un resultado más que discutible. Pérez de Ayala considera que es una medida «sumamente positiva» pero su aplicación «está siendo un poco caótica». «Hay familias que llevan meses esperando una respuesta», señala, además de lamentar que «la maquinaria administrativa no está funcionando». «La iniciativa en sí es buena pero falla la ejecución», por lo que está llegando a «poquísimas familias». Muchas de ellas llevan meses esperando una resolución y las necesidades que padecen «son muy urgentes». En el caso de los ERTE, el trabajador recibe casi el 70 por ciento del salario, por lo que es una medida paliativa «importante. Estamos de acuerdo con que se prolonguen lo máximo posible».