(AP). El nombre del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, seguía surgiendo en el juicio en Nueva York a un supuesto narcotraficante. Y uno de los candidatos a reemplazarle en las elecciones primarias del domingo ha sido condenado en la misma corte por lavado de dinero para el mismo cártel.

Las acciones judiciales reflejan lo profundos que son los desafíos para Honduras, un país al que los fiscales estadounidenses han descrito en varias ocasiones como un narcoestado donde los traficantes compran protección a los políticos.

La pandemia del COVID-19 ha golpeado la economía hondureña. Dos devastadores huracanes de categoría 4 pasaron por el país en noviembre. La persistente violencia de las pandillas y la corrupción endémica siguen haciendo que muchos hondureños abandonen el país.

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El próximo presidente de Honduras afrontará a un gobierno en Estados Unidos dirigido por Joe Biden que ya ha apuntado a un cambio de prioridades, y que considerará cuestiones más allá de la inmigración en su relación con la nación centroamericana.

Yani Rosenthal, que acaba de cumplir una condena de tres años en Estados Unidos, opta a la candidatura para el Partido Liberal, la tercera vez que se presenta. Fue condenado en 2017 y aceptó entregar 3 millones de dólares tras declararse culpable de lavado de dinero para el cártel de Cachiros. Su padre fue vicepresidente de Honduras y la familia dirigía un imperio bancario.

Otro nombre conocido en las primarias es el de Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya y que se presenta por segunda vez a la candidatura presidencial del partido Libre. El nombre de Zelaya también se mencionó la semana pasada en el juicio al supuesto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez.

El exlíder del cártel de Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró el jueves que además de sobornar a Hernández cuando era presidente del Congreso, también sobornó a Zelaya en 2006 cuando asumió la presidencia. Como Hernández, negó la acusación.

En declaraciones en televisión el jueves, Zelaya se ofreció a viajar a Nueva York con Hernández para “aclarar” las acusaciones “y ya veremos quién regresa”.

El expresidente Porfirio Lobo, cuyo hijo fue condenado en Nueva York a 24 años de cárcel por tráfico de drogas en 2017, también ha sido acusado en otros juicios de utilizar los beneficios del tráfico de drogas para financiar campañas políticas. Él también negó las acusaciones.

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El analista político y Olban Valladares, que se presentó tres veces a la presidencia, dijo que las elecciones son una oportunidad para que los hondureños comiencen a liberarse de líderes fallidos.

“Vamos a valorar la capacidad de la gente de cambiar de rumbo de Honduras, si volvemos a escoger a las mismas personas, incluso personas que han puesto en desprestigio el nombre de Honduras en el mundo, entonces el pueblo no podrá protestar y decir que se equivocó, porque suficiente advertencias se están haciendo”, expresó.

Rosenthal fue legislador federal y ministro de Presidencia para Zelaya, derrocado en un golpe en 2009. Sigue designado como narcotraficante en Estados Unidos. Intentará derrotar a Luis Zelaya -no emparentado con el expresidente-, que perdió ante Hernández en 2017 en unas primarias marcadas por las irregularidades.

El domingo se celebran las primarias residenciales de los partidos Libre, Liberal y Nacional, tres de las 14 formaciones registradas. Pero los votantes también elegirán a los candidatos que competirán por los 128 escaños del Congreso Nacional en noviembre, así como 298 gobiernos locales y otros puestos.

Efraín Díaz Arrivillaga, analista político y económico, dijo que había mucha incertidumbre con vistas a las elecciones porque el Congreso no ha aprobado una reforma electoral para corregir las irregularidades de los comicios de 2013 y 2017.

Unos 4,8 millones de hondureños podían votar, aunque se temía que la desilusión generalizada sobre el gobierno afectara a la participación.

Uno de los favoritos ha sido Mauricio Oliva, presidente del Congreso y que se enfrenta a Nasry Tito Asfura, alcalde de la capital, por la candidatura en el Partido Nacional de Hernández. No está claro qué efecto podrían tener las sucesivas acusaciones de narcotraficantes contra Hernández en la capacidad del Partido Nacional de mantenerse en el poder.

Hernández buscó la reelección en 2017 tras una controvertida decisión judicial para superar un veto constitucional. Desde entonces ha tenido bajos índices de popularidad.

En enero de 2020 no renovó la misión de un organismo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos. Los esfuerzos del organismo, que había señalado a varios parlamentarios federales en investigaciones de corrupción, le habían granjeado la oposición entre los legisladores.