Algún día, señor, podrá gravarlo

William Ewert Gladstone (1809-1898) fue cuatro veces primer ministro del Reino Unido en la era victoriana y quizá el político británico más influyente del siglo XIX. Cuando era ministro de Hacienda visitó el laboratorio de Michael Faraday (1791-1867), el científico y matemático que estudió la electrolisis y la inducción electromagnética y también descubrió el benceno. La historia, que se pierde en la bruma de la leyenda, asegura que el político le preguntó, algo escéptico, al hombre de ciencia: «¿para qué sirve la electricidad?». Faraday, sin inmutarse, le habría contestado «algún día, señor, podrá gravarla con impuestos».

La energía, incluida la eléctrica, avanzado el siglo XXI, es una de las grandes fuentes de ingresos impositivos de todos los gobiernos del mundo. El de Pedro Sánchez no solo no se queda atrás, sino que ha soñado desde el principio con gravar más a la electricidad y casi cualquier actividad económica, con predilección por aquellas que han dado origen a grandes compañías.

Eléctricas, petroleras y bancos han estado siempre en su punto de mira, azuzado por socios de extrema izquierda, ya estén liderados por Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián o los abertzales de Bildu, bajo la mirada de ese Arnaldo Otegi que no pierde la compostura cuando llama «monstruo» a Íñigo Errejón, ahora caído en desgracia y purgado por los suyos, según las más rancias y acrisoladas tradiciones comunistas de ajuste de cuentas entre correligionarios.

El Gobierno, con la excusa peregrina de la existencia de unos «beneficios extraordinarios», impuso un impuesto adicional, también excepcional y temporal, a bancos y energéticas. Estaba previsto para dos años y las empresas del sector, porque el poder manda mucho, tragaron. Ahora, el Gobierno, presionado por sus socios más radicales, intentaba convertir en permanente el gravamen, pero se ha topado con el rechazo público de las empresas afectadas, con la posible salida de inversiones de España y la oposición o reticencias de los peneuvistas de Ortúzar y Esteban y los «indepes» de Carles Puigdemont, que lidera Miriam Nogueras en el Congreso.

Los nacionalismos vasco y catalán de derechas son conscientes de las consecuencias para la industria –energética y financiera– de esos impuestos que, al final, no pagan las empresas, sino los ciudadanos. Por una parte, los accionistas de las compañías y, por otra, los clientes y usuarios de los servicios que prestan. Lo ha explicado José Luis Feito, técnico comercial del Estado y liberal: «Los impuestos los pagan las personas, no las empresas». No es difícil de entender, pero como ha escrito él mismo: «La extrema izquierda profesa una ideología que la hace inmune al conocimiento económico y a la ley de los silogismos, mientras que la izquierda ha decidido, por necesidad o convicción, seguir a la extrema».

Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, advirtió que la compañía se replantearía inversiones en España si se mantenía el impuestazo. No ha sido la única empresa en anunciar intenciones similares. Cepsa tiene pendiente una inversión de 3.000 millones. Las voces contra el impuestazo bancario también se han multiplicado. Incluso la patronal de pymes, Pimec, tildada en algunas ocasiones de complaciente con el Gobierno, cree que ese tributo perjudicaría a las pymes. Hay cálculos que apuntan que el crédito bancario se ha reducido en 40.000 millones en los dos años de vigencia del impuesto. Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria, asegura que «los perjudicados son la economía, las empresas y las familias». Y Héctor Grisi, consejero delegado del Santander, el grupo que preside Ana Botín, anuncia que la entidad hará lo que tenga que hacer para evitar que se perpetúe el impuestazo. El banco, por si acaso, aclara que no se llevará inversiones a otros países, pero su malestar es claro.

El Gobierno, para lograr apoyos con los Presupusetos, ha cedido ante Junts y retira el impuesto energético. Mantiene el bancario, pero dejará que el PNV lo gestione en el País Vasco. Los bancos son impopulares y nadie quiere defenderlos. Tendrá consecuencias. En todo este lío, Sumar, en plena crisis Errejón, tendrá que tragar y Podemos cuenta poco. Todo muy chapucero. Además, habrá letra pequeña. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta fórmulas para aliviar a los bancos de lacarga sin eliminarla, y el ministro Carlos Cuerpo sugiere desgravaciones y que todo sea más llevadero y que casi todos salven la cara. Eso sí, casi un par de siglos después, los políticos sueñan con hallar una nueva actividad para poder gravarla, como le explicó Faraday a Gladstone.