Un grupo de aficionados ha creado en Sevilla la «Plataforma de acción Ignacio Sánchez Mejías» con el doble objetivo de defender la fiesta de los toros «desde el mundo del Derecho» y con «un liderazgo claro de la afición», según su principal impulsor, el profesor Juan Antonio Carrillo Donaire.

«Ante los ataques que está sufriendo la Tauromaquia, el futuro de la fiesta de los toros pasa por una defensa activa desde el Derecho y los Tribunales», ha señalado Carrillo.

El profesor Carrillo considera que esa defensa jurídica tiene que partir, de una parte, desde el pleno desarrollo de la consideración de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural inmaterial para defender esta condición ante las Administraciones públicas y de otra, desde «la protección jurídica de los aficionados y los profesionales del toro frente a las conductas agresivas y difamatorias de los antitaurinos», según informa Efe.

Esta tendencia «ha prendido con vocación de permanencia en muchas ciudades y comunidades autónomas que se declaran hoy antitaurinas», según el profesor, que invoca la ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial «que abre una oportunidad única para blindar la fiesta».

Desde esos postulados se propone un plan de acción que pasa por la declaración de la Tauromaquia como «manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial» por parte del Ministerio de Cultura.

Esa iniciativa, precisa Carrillo Donaire, «tendría que ser paralela a la inclusión de la actividad en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO» algo que –hasta ahora– sólo ha conseguido Francia.

«El pleno desarrollo de la consideración de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial permitiría un auténtico blindaje jurídico frente a declaraciones abolicionistas u obstruccionistas a la fiesta que las propias administraciones públicas, sobre todo las locales, están haciendo», advierte Carrillo.

El profesor de Derecho Administrativo advierte que todas estas decisiones «tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos y se pueden y se deben impugnar ante los tribunales para garantizar el derecho de los aficionados al disfrute de un bien considerado patrimonio cultural inmaterial».