La vida al límite en los centros de menores: "Cuando estaba embarazada un interno me amenazó con un cuchillo jamonero"

A anesa se quiebra al recordar las experiencias más duras que ha vivido en casi dos décadas trabajando en el sector de la protección de menores. «Somos el saco de boxeo de los internos. Me he enfrentado a situaciones muy complicadas y he temido por mi vida», nos adelanta, antes de profundizar en los detalles.

Otra educadora social, con quien hablamos por teléfono, no puede continuar la conversación. La emoción la supera. Nos pide posponer la entrevista hasta sentirse preparada. Nos confiesa que, desde el domingo, cuando tres adolescentes, presuntamente, asesinaron a una colega de profesión en un piso tutelado para menores con medidas judiciales, no ha logrado dormir. Se ha salido de todos los grupos de WhatsApp con otros compañeros, ya que no puede más. La situación que enfrentan a diario estos profesionales es dramática, y el homicidio de Badajoz ha dejado al sector con las heridas abiertas, mostrando una realidad que, aunque ellos conocen desde hace años, ahora se expone al resto de la sociedad.

José Manuel, con dos décadas de experiencia como educador social, conoce bien el centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz, donde actualmente los tres presuntos asesinos esperan juicio en régimen de internamiento cerrado. Ha trabajado allí durante varios años y nos describe cómo es la vida en su interior.

Sin embargo, aclara que, a diferencia del piso tutelado de régimen abierto en el que los tres adolescentes cumplían medidas judiciales, el Marcelo Nessi es un centro completamente diferente. Se trata de un centro público 100% gestionado por la Junta de Extremadura, mientras que el lugar del crimen es un piso gestionado por la asociación Cerujovi, financiado con fondos públicos de la Junta.

"Lanzó una maceta de hormigón"

«La diferencia entre los recursos disponibles en el Marcelo Nessi (de internamiento en régimen cerrado) y los pisos de medidas judiciales es abismal. El primero tiene personal de seguridad, ya que se ocupa de los casos más graves. Las condiciones laborales son mucho mejores. Sin embargo, en los pisos de medidas judiciales, los recursos son mínimos. En la mayoría de los casos, solo hay un profesional durante 12 horas, que se queda solo con todos los menores, que suelen ser entre cuatro y seis chicos», explica José Manuel.

Este fue el contexto en el que Belén Cortés, educadora social de 35 años, fue asesinada: sola, frente a adolescentes conflictivos y, en su mayoría, violentos.

Aunque el centro donde trabaja José Manuel se vive una realidad más controlada frente a aquellos gestionados por empresas privadas (donde las carencias son palpables, según revelan), reconoce que «los incidentes como amenazas, daños a vehículos e incluso agresiones son situaciones recurrentes a las que nos enfrentamos los trabajadores cada día. Ante estas amenazas, la única opción que nos queda es denunciar al menor, pero, a pesar de las denuncias, seguimos estando con los mismos menores, cara a cara. Las empresas privadas que gestionan estos pisos con fondos públicos deberían prever que los trabajadores no estemos solos en los turnos», insiste.

Además, destaca que «el perfil de los menores con los que trabajamos está cada vez más relacionado con problemas de salud mental. Por eso, desde todos los centros demandamos un mayor seguimiento de estos menores, pero las citas para atención de salud mental suelen ser cada tres o seis meses, lo cual es claramente insuficiente».

"Eres una guarra"

«Lo más leve que te pueden llamar es ‘‘hija de puta’’ o ‘‘guarra’’», dice Vanesa. «Acabas normalizando y aguantando esos insultos. Yo llevo trabajando en este sector como educadora social desde 2006, y la situación va a peor. Los chavales son cada vez más agresivos y nosotros tenemos cada vez menos recursos. No recibimos tampoco formación extra para afrontar estas situaciones. Afortunadamente, ahora estoy en un centro de menores público de la Comunidad de Madrid y la situación aquí es mejor que en otras comunidades».

Vanesa relata varios episodios que ha vivido en primera persona, los cuales subrayan la peligrosidad a la que están expuestos. «He estado en situaciones extremas. Recuerdo, por ejemplo, cuando los chicos esnifaban disolvente, lo metían en calcetines o lo mezclaban con lejía para perderse en un estado de descontrol. Algunas veces llegaban a empujarte con mucha fuerza. Una vez, uno levantó una maceta de hormigón grande y la arrojó por las escaleras», rememora para este diario.

Además, destaca otras situaciones de riesgo, como la que vivió cuando estaba embarazada: «Uno de los internos sacó un cuchillo jamonero debajo de la cama y me amenazó de muerte. Otro lo hizo apuntándome con un tenedor en la tripa porque quería comerse un yogur más, cuando ya había acabado con el que le correspondía».

Por estos y otros tantos motivos, insiste en que siempre pedía no quedarse sola con la decena de chavales que estaban a su cargo: «Tenía miedo real de que me empujaran por las escaleras. Te da terror ir a trabajar, no sabes qué te vas a encontrar. Esto afecta a tu estado emocional, por eso muchos compañeros se cogen bajas médicas debido a su nerviosismo».

Aclara que los turnos de noche, en los que fue asesinada la compañera de Badajoz, son los más complicados: «Porque a menudo estás sin ningún apoyo. Durante el día, tienes más compañeros y la situación está más controlada. Sin embargo, por la noche, en muchos centros, la presencia de personal es mínima. Hay un centro de primera acogida en la comunidad en la que trabajo en el que, por ejemplo, con 100 chicos en tres edificios, solo hay dos personas durante la noche. Eso es una locura», apostilla.

Por todo ello, diferentes sindicatos han aprovechado la visibilidad que ahora tienen las situaciones extremas en las que trabajan estos profesionales para exigir un mayor control y mejor protección. Desde UGT Badajoz explican a este diario que «es urgente revisar y mejorar el sistema», ya que el asesinato de Belén Cortés «nos ha dejado a todos en shock». «La reducción de presupuestos acaba impactando directamente en las condiciones laborales de los empleados», dicen. Desde CSIF también exigen «que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así como del resto de menores de estos centros».

«Ha habido casos incluso de violaciones a trabajadoras que se tapan para que no trascienda porque hay mucho miedo. No podemos seguir así. Entiendo que haya compañeros que no se sientan con fuerzas para ir a trabajar», concluye Vanesa.