Una medida usual en delitos de tráfico y en juicios de menores

Los servicios en favor de la comunidad es una alternativa manejada de forma habitual en países como el Reino Unido y que en España han comenzado a utilizarse en los últimos años. El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, fue uno de los pioneros al incluir en sus sentencias la obligatoriedad de realizar servicios sociales en lugar de cumplir condena. Sus sentencias no dejaron indiferente a nadie. Así, por ejemplo, obligó a un joven «hacker» a impartir 1.000 horas de clase de informática a estudiantes. O la decisión de que un conductor temerario y sin carné tuviera que patrullar junto a un policía local durante 100 horas. Otras de sus sentencias más polémicas establecían que un menor que conducía un ciclomotor sin seguro tuviera que visitar la planta de Traumatología del hospital de Granada o que otro joven que circulaba sin permiso tuviera que pasar un día entero con pacientes parapléjicos, compartir con ellos sus experiencias y redactar un texto con lo aprendido.

Estos ejemplos sirvieron de «inspiración» en la reforma del Código Penal, que estableció medidas reeducadoras para los condenados en determinados delitos. Así, por ejemplo, los conductores que dan positivo en un control de alcoholemia o circulan a una velocidad excesiva (siempre que la pena sea inferior a dos años y que no haya pasado por prisión), pueden conmutar la pena con este tipo de trabajos para la comunidad, que se establecen en virtud de acuerdos con los ayuntamientos. Así, los trabajos más habituales son la limpieza de calles o cementerios o pintar edificios públicos. Este tipo de medidas sirven para concienciar a los infractores y para reinsertar a los condenados. Así, existe un plan financiado por la Fundación La Caixa, que forma a presidiarios en oficios, que aprenden dando servicios a la comunidad y que les permiten aprender un trabajo para poder reinsertarse cuando cumplan su condena.