Robos, fugas y amenazas en el piso tutelado donde tres menores mataron a María Belén

Los compañeros de trabajo de María Belén Cortés confesaron hoy, consternados, que los asesinados «podríamos haber sido cualquiera de nosotros». La educadora social de 35 años fue asesinada por tres de los menores a los que tutelaba en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz. Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17, todos ellos de nacionalidad española, agredieron a la educadora, que en ese momento se encontraba sola cubriendo el turno de noche.

La golpearon y la asfixiaron con un cinturón, según las primeras pesquisas de la investigación, que fue asumida por el grupo primero de la brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz.

De hecho, el cuerpo sin vida de la educadora social fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para llevar a cabo el estudio que determinará la causa definitiva de la muerte.

Después de asesinarla, los tres menores robaron las llaves del coche de la víctima y huyeron. Condujeron en dirección a Mérida cuando tuvieron un accidente a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, según informó ayer el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Tras el accidente, la chica fue arrestada y los otros dos menores fueron detenidos en Mérida. Fue una llamada (al parecer, de un compañero que escuchó gritos desde otro piso tutelado cercano) la que alertó a la Policía de una fuerte discusión, lo que provocó que los efectivos se desplazaran hasta el lugar, donde encontraron a la trabajadora fallecida, según fuentes consultadas por Europa Press.

«Es un hecho absolutamente terrible, no tiene otras palabras por mi parte, una cosa absolutamente terrible y, lógicamente, ahora seguiremos investigando y seguiremos analizando lo que ha podido suceder, cómo ha sucedido y en qué circunstancias», apuntó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

[[H2:Asesinato con «preaviso»]]

Belén Cortés, natural de Castuera, en Badajoz, trabajaba como auxiliar técnico educativo en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura, ubicada en el número 3 de la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana de Badajoz. Según el diario Hoy, «en el momento de los hechos había cuatro personas en la casa». Lo que se desconocía al cierre de esta edición era el papel que habría jugado este cuarto menor.

Sin embargo, no era la primera vez que ocurría un incidente en estos pisos tutelados. De hecho, a principios de marzo, desaparecieron dos menores de la misma vivienda en la que se cometió el crimen el domingo. Los dos jóvenes fueron localizados una semana después en Villafranca de los Barros y devueltos a la vivienda.

Es más, la auxiliar técnico asesinada «había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad». Así lo aseguró la educadora Sheila Gómez, quien añadió que «los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar». Gómez ejerció de portavoz durante una concentración de profesionales de esta rama asistencial ante las puertas del centro de acogida de menores Marcelo Nessi» de Badajoz, a la que asistieron representantes de diversas centrales sindicales.

Exigieron tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicios de acompañamiento a menores que «tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así como la de los propios menores».

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura denunció las «precarias condiciones laborales del personal que trabaja en estos centros» que, aunque están financiados con fondos públicos de la Junta de Extremadura, «su gestión recae en asociaciones que no garantizan unas condiciones de trabajo dignas ni seguras».

El sindicato considera «especialmente alarmante» que en muchos casos «solo haya un profesional por turno para atender a todos los menores, cuando la seguridad y la calidad asistencial exigirían al menos dos trabajadores por turno».

Además, UGT recordó a través de una nota de prensa que la evaluación de riesgos psicosociales es un requisito legal según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, y reclamó «que se realice de forma urgente en todos los centros», ya que las condiciones de estos establecimientos, donde los trabajadores «enfrentan estrés emocional, turnos en solitario y potenciales situaciones de conflicto, requieren medidas preventivas inmediatas».

Entre las medidas más urgentes, el sindicato propone la obligatoriedad de contar con dos profesionales por turno en todos los pisos tutelados, la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad, la puesta en marcha de protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia, la formación obligatoria en prevención y gestión de conflictos, y la evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos.

Por su parte, Sheila Gómez, desveló que «había habido denuncias contra este chico», en alusión a uno de los detenidos, tras lo que consideró que «habiendo denuncias, ya tendría que estar cumpliendo condenas o medidas aquí en el centro», sentenció. Gómez detalló en declaraciones recogidas por Efe que, además, «en este centro tienen internados a chicos mayores de edad y muy agresivos, los cuales no deberían estar aquí», por lo que aprovechó este terrible suceso para exigir que sean trasladados de inmediato a la cárcel, ya que los trabajadores no pueden manejarlos.

[[H2:«Esto es insostenible»]]

«Somos cuidadores, educadores y el centro no está preparado» para este tipo de menores, por lo que alertó de que «esto es insostenible y no queremos tener que sufrir la pérdida de otro compañero más, ni que otro compañero más sea agredido», comentó. Apuntilló que lleva 10 años trabajando en el sector y que las agresiones han crecido exponencialmente.

Por su parte, la madre de una de las cuidadoras en el piso tutelado en el que se cometió el asesinato, actualmente de baja, Agustina Moreno, recalcó a Efe que «tanto la Junta como la empresa no han hecho caso de nada, puesto que está solamente una cuidadora con estos asesinos».

«Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas. Esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera», insistió a Efe otra de las trabajadoras y compañeras de Cortés.

A las manifestaciones de repulsa por este terrible asesinato se sumaron los actos de luto de la localidad pacense de Castuera, de donde era natural la víctima. Se declararon tres días de luto oficial en su memoria.

El alcalde, Francisco Martos, mostró «condolencia y solidaridad» de todos los vecinos de este municipio a la familia de la mujer asesinada. Además, se suspendieron todos los actos oficiales, como testimonio del dolor del pueblo por los trágicos acontecimientos del fallecimiento de manera violenta.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también se sumó a las condolencias a la familia y compañeros de la educadora social. Señaló, además, que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, llevaba «desde el primer momento» al tanto de este suceso «terrible, dramático».