La pobreza infantil en España supone la pérdida del 5% del PIB

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se conmemora anualmente cada 20 de noviembre, este martes se ha presentado en Murcia el informe nacional elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES) que lleva por título «Derechos, calidad de vida y atención a la infancia».

El presidente de la institución, Antón Costas, consideró la pobreza infantil como «la lacra más lacerante» que tiene actualmente nuestro país, que supone la pérdida del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Por este motivo, exigió la puesta en marcha de una «prestación universal de crianza» que garantice «el derecho del niño a una infancia plena», informa Efe.

Para Costas, «es impropio de un país como España», que es la cuarta mayor economía de la Unión Europea, con un sistema democrático desarrollado y una «sociedad decente», alcanzar una tasa de pobreza infantil del 33%, la más alta del conjunto de la Unión Europea.

Se trata, insistió, de una «situación dramática», que tiene consecuencias alarmantes, no solo para estos menores (–uno de cada tres están en situación de pobreza severa en España–), sino para su futuro, ya que diversos estudios confirman que la trayectoria vital y laboral de los adultos está directamente marcada por cómo fue su etapa vital entre los 0 y los 3 años.

Esta situación, insistió, genera no solo un enorme impacto en la vida de estos niños en situación de pobreza, sino también en la economía del país: según los cálculos del Consejo Económico y Social, el hecho de tener un tercio de la población infantil en situación de pobreza severa supondrá una pérdida del 5% del PIB nacional, unos 60.000 millones de euros, por la pérdida de ingresos laborales de esas personas, que en la vida adulta no tendrán empleo o bien ocuparán trabajos precarios.

Entre las recomendaciones que recoge el estudio para atajar esa situación, Costas puso de relieve la necesidad de establecer una «prestación universal de crianza», que reciban todos los niños sin condiciones previas, una ayuda que ya existe en la mayoría de países de la Unión Europea, por lo que no tiene sentido que carezca de ella uno de los estados más ricos, como es el caso de España.

Aunque el CES no ha cuantificado cuál sería el coste de esa prestación, por entender que se trata de una decisión política, Antón Costas insistió en que el Estado cuenta con recursos suficientes para articularla y garantizar que la ayuda «cubra los costes reales que tiene la crianza».

En este sentido, reconoció que nuestro país ha mejorado en las ayudas de que dispone para favorecer el desarrollo de la infancia, pero son «ayudas fragmentarias» y que no llegan a todos los posibles beneficiarios.

Como ejemplo, señaló el complemento de crianza, que incluye el ingreso mínimo vital que, sin embargo, no reciben 8 de cada 10 familias que tendrían derecho al mismo, por lo que insistió en la necesidad de que la prestación sea universal, para toda la población infantil hasta los 3 años, o incluso hasta los 6 años de edad.

En su opinión, en el sistema actual existe un importante «desequilibrio» entre los fondos que se destinan a cubrir las necesidades de la población anciana, que sí tienen bien atendidas sus necesidades, frente a la enorme carencia de la cobertura de la crianza.

Una ley innovadora

En la Jornada «Derechos, calidad de vida y atención a la infancia» organizada por el CES estuvo también presente la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz. Esta comunidad ultima una innovadora ley de Infancia, que sustituirá a la del año 1995, y que tiene como objetivo «proteger a los menores frente al bullying, los problemas de salud mental y la falta de alfabetización social», y que será «trasnversal» e «integradora», según manifestó Conchita Ruiz.

La norma recogerá muchas de las medidas que ya tiene la comunidad murciana para proteger a los menores, como la renta básica de inserción, a la que se destinan ocho millones de euros al año y de la que se benefician un millar de familias, y directamente 772 niños y niñas en peligro de exclusión social.

La nueva ley responde a la necesidad «de poner al menor en el centro de todas las actuaciones y de atender nuevas situaciones de riesgo que afectan a su desarrollo». Por este motivo, para su desarrollo normativo, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación ha contado con un grupo representativo de niños, niñas y adolescentes de la Región, para escuchar sus inquietudes e iniciativas y promover un entorno seguro protector acorde a sus necesidades.

El cambio de paradigma se ajusta a las directrices europeas y estatales de protección a la infancia, y «por primera vez, los niños y niñas dejan de ser sujetos de protección para convertirse en personas que también necesitan que reconozcan sus derechos», aseveró Ruiz.