El Gobierno cerrará Garoña el próximo 6 de julio

Industria declarará el cese de explotación de la central de Garoña, ante la imposibilidad de cumplir los plazos legales para permitir su prórroga, pero está analizando los aspectos relativos a su cierre porque se produce por "razones económicas"no de seguridad nuclear.

En la sesión de control al Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que su departamento declarará el cierre de la nuclear burgalesa antes del próximo 6 de julio, fecha de cierre prevista.

"No obstante, se esta analizando la situación con los aspectos relacionados con la regulación de su cese de explotación definitivo ya que se produce por razones distintas a la seguridad nuclear, sino que se basa única y exclusivamente en razones económicas".

El pasado 16 de mayo, Nuclenor, empresa propietaria de Garoña (Burgos), solicitó al ministerio de Industria la modificación del real decreto que ordenaba su cierre el 6 de julio para poder evaluar la prórroga de su vida útil (durante un año más, pero sin operar).

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Soria ha explicado que no se ha podido atender la solicitud de Nuclenor por "la imposibilidad del cumplimiento de los plazos en la ley que regula el procedimiento administrativo".

Por tanto, "en el momento actual conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivos, con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo"de Garoña, la central más antigua y pequeña (450 Kw) del país.

La tramitación de la orden incluye la remisión de la documentación del expediente a las tres comunidades afectadas (País Vasco, Castilla y León y La Rioja), algo que ya se ha hecho, según el ministro, que ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado del PNV, Pedro Aizpiazu.

El diputado vasco ha solicitado el cierre de Garoña, igual que hizo recientemente el Parlamento vasco, y ha considerado una excusa las razones económicas que adujo en su momento Nuclenor, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola.

En diciembre de 2012, Nuclenor desacopló a Garoña de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos.

La empresa ha sostenido reiteradamente que la nueva fiscalidad hace inviable su funcionamiento. A final de este mes está previsto que el Gobierno presente su reforma eléctrica.

El pasado 24 de mayo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) votó por mayoría a favor de conceder un nuevo plazo a esta central para poder considerar la prórroga.

La orden de cierre definitivo de Garoña fue aprobada por el entonces presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil -fue una de sus promesas electorales-.

Nuclenor se negó entonces a solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.