Los funcionarios temen que Muface muera de inanición

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha tildado de «insuficiente» la subida para el concierto de Muface anunciada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El Consejo de Ministros aprobó la licitación del concierto para 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras. No obstante, el sindicato denunció que este incremento del 17,12% «queda muy lejos» de la propuesta del 24% que realizó la propia dirección de Muface este verano, y «sigue sin compensar» al modelo por los costes originados para afrontar la subida de precios a raíz de la covid y la evolución al alza de los precios sanitarios que genera la inflación anualmente.

La propuesta, por tanto, sigue siendo insuficiente para que las aseguradoras que prestan atención sanitaria a los 1,6 millones de funcionarios y sus familiares dejen de asumir pérdidas de 500 millones. «Nos tememos que va a tener consecuencias en la calidad en la asistencia sanitaria que reciben los mutualistas (...). Por tanto, entendemos que no se afrontan los problemas estructurales de infrafinanciación del sistema», denunció ayer el sindicato.

A la espera de conocer el posicionamiento oficial de las aseguradoras que prestan sus servicios en el concierto, CSIF ha advertido de que convocará movilizaciones si se producen nuevos recortes, «sin descartar ninguna medida». «No vamos a dejar que el modelo de Muface muera por inanición», avisó el sindicato dirigido por Miguel Borra. En este sentido, la aseguradora Adeslas, la más elegida entre los funcionarios, decidirá próximamente si se presenta o no al nuevo concurso lanzado por el Gobierno para la prestación sanitaria a los funcionarios, tras estudiar en detalle la propuesta para cada una de las mutuas: Muface, Isfas y Mugeju.

Para CSIF, la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede verse comprometida por la falta de inversión del Gobierno y pide adecuar la prima para poder prestar el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto. «Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que formar parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición con mucho esfuerzo», señalaron en el comunicado.

Por su parte, fuentes del PP calificaron la noticia de «irresponsabilidad y una chapuza por parte del Gobierno», además de confiar en que el Ejecutivo central rectifique «y no premie la cruzada que sus socios de Sumar tienen contra este modelo. Los funcionarios tienen que tener el acceso a la Sanidad que se merecen y que se ganan día a día», señalaron las mismas fuentes.

Tras conocer la autorización del Consejo de Ministros, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, mantiene que «la propuesta del Gobierno es claramente insuficiente para el mantenimiento de un modelo que da cobertura sanitaria a 1,6 millones de personas y cuyo fracaso tendría un impacto directo en la asistencia, agravando los problemas de acceso que ya existen». En este sentido, señala que, mientras que la inversión per cápita pública por persona en el régimen general es de 1.736 euros, en el caso de Muface, con el nuevo acuerdo, la prima sería de 1.208 euros, un 43% inferior, y absolutamente insuficiente para soportar la asistencia por parte de las compañías aseguradoras.

Solo en 2023, señalan desde la fundación, la asistencia a mutualistas de Muface generó 142 millones de pérdidas, un dato que se viene acumulando durante años y que se agrava cuando el crecimiento del gasto sanitario roza el 10%. La infrafinanciación del modelo y la alta siniestralidad del colectivo (cercana al 110%) han llevado a este modelo, según la fundación, a una situación de alto riesgo de viabilidad.

Tal como recoge el informe «Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario», en el caso de que la renovación del modelo no llegara a producirse, por la falta de acuerdo entre las aseguradoras y el Gobierno, se vería afectado sensiblemente el modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas).

Según este análisis, el modelo de cobertura 100% pública tendría un impacto significativo también en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública; para contrarrestar la saturación el sistema público tendría que añadir 3.975 camas. El cambio de modelo supondría un aumento del gasto sanitario de 1.214 millones anuales, un 1,3%.

Asimismo, el trasvase de funcionarios al SNS incrementaría el gasto sanitario de forma «abrupta», en unos 723 euros más por paciente, con cargo a los presupuestos de las comunidades, recrudeciendo el debate abierto con el Gobierno central para la aprobación de unas nuevas cuentas, alertó el Círculo de Sanidad.