Las familias vulnerables, aún más indefensas

E l Real Decreto 93/2024, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de enero, destina un total de 95.463.403,33 euros para satisfacer los gastos en alimentos y productos incluidos en la «asistencia material básica» de las familias vulnerables en España. La Fundación Madrina ha denunciado que esta cifra supone que, en la práctica, el Gobierno destinará solo el 1,44% del presupuesto para combatir la «pobreza alimentaria» en nuestro país. Esta situación tendrá como resultado que solo el 5,99% de las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza tendrán cobertura, según afirma la entidad.

Además, la puesta en marcha en 2024 del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica va a privar a estas familias de las tradicionales cestas que recibían hasta la fecha a través de los bancos de alimentos, que van a ser sustituidas por tarjetas sociales de racionamiento, con las que «el 50% de las familias necesitadas se quedan fuera de sus beneficios al no cumplir los requisitos administrativos», según denuncia la Fundación Madrina. En este sentido, hay que recordar la importancia de garantizar que todos los niños tengan acceso a una alimentación sana, equilibrada y nutritiva, con productos que han quedado fuera del alcance de muchos menores debido al aumento de los precios de los últimos años.

El valor de la ayuda mensual fijado por el Real Decreto es de entre 130 y 220 euros, que varía según el número de personas que compongan la unidad familiar, aunque la Fundación Madrina estima el gasto mensual para una familia con un menor lactante en 430 euros mensuales, lo que muestra lo escaso de la ayuda.

Características comunes

Las familias españolas con menores a su cargo y rentas inferiores al 40% de la renta media, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 eran el 24,7% de las que tienen menores a su cargo, suelen ofrecer unas características comunes. En la mayoría de las ocasiones suelen ser monoparentales, con solo un progenitor empleado, su nivel educativo suele ser bajo y en sectores laborales con salarios pequeños. Por este motivo, la gran mayoría se enfrenta a dificultades para acceder a una vivienda digna, una alimentación adecuada y una educación de calidad para sus hijos.

En el año 2023, un total de 1.168.000 unidades familiares con menores a su cargo estaban en nuestro país bajo el umbral de la pobreza. La cifra de este colectivo ha ido creciendo año tras año desde 2013, cuando eran 970.000.

Las comunidades autónomas que cuentan con porcentajes más altos de familias con menores a su cargo y con una renta inferior al 40% son Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia.

Es llamativo el caso de territorios que, pese a tener un nivel de renta más bajo que el de otras regiones, reciben en comparación un porcentaje de asignación de subvenciones para compra muy inferior. Esta diferencia llega a alcanzar los 24,5 puntos en Ceuta, los 25 en Melilla, los 23,8 en Extremadura o los 22,5 en Murcia, por ejemplo.

Según un estudio elaborado por la Fundación Madrina, sería necesario que el Estado dedicara 6.591.915.417,6 euros para atajar el problema de la pobreza de las familias vulnerables con menores a su cargo en España. Sin embargo, un informe de la UE indica que su misión no es paliar su situación, por lo que animan al sector privado y las ONG a poner el dinero y los recursos para llegar donde el Gobierno no llega, que será quienes cubran «el 99% de las necesidades básicas de alimentación e higiene».