Desapariciones

Banco de Datos: Sin dejar rastro

El trágico caso de Blanca Fernández Ochoa ha reabierto las heridas de un drama que afecta, en este momento, a 12.330 familias en España que reportaron la desaparición de un ser querido que se evaporó sin dejar rastro

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Si se pregunta a unos padres qué es lo peor que les puede pasar en esta vida, seguramente dirán que perder a un hijo. Sin embargo, hay algo aún peor, y es no saber qué ha sido de ellos. Es el drama de miles de familias en España que han reportado la desaparición de un ser querido y que aún no han logrado deshacer el nudo de la incertidumbre y comenzar el periodo del duelo. Cada día se pierde el rastro de un centenar de personas en nuestro país y de al menos cuatro de ellas nunca se llega a saber a ciencia cierta qué fue de ellos.

El periodista Paco Lobatón fue quien colocó en el centro del debate este drama con su programa «¿Quién sabe dónde?», en antena de 1992 a 1996, que ahora sigue prestando servicio reconvertido en una fundación. Aún tuvieron que pasar muchos años hasta que en 2017 se creó el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio de Interior, que se encarga de coordinar toda la información referente a estos casos por las Fuerzas de Seguridad y que está integrado asimismo por criminólogos, psicólogos y psiquiatras. En su página web puede obtenerse información útil sobre las medidas a adoptar cuando alguien se evapora. Por ejemplo, que no se deben esperar 24 horas antes de reportarlo a las autoridades, contra la creencia extendida de que es el plazo mínimo que debe pasar antes de dar la voz de alarma. Al parecer, los primeros momentos resultan cruciales y la celeridad incrementa ostensiblemente las posibilidades de éxito. La gran mayoría se resuelve en las primeras 72 horas.

Uno de los principales problemas con que se encuentran las familias es el vacío legal en torno a la figura jurídica, aún difusa, del desaparecido. Por ello, llevan años reclamando que se cree el Estatuto del Desaparecido aún sin éxito. Uno de los principales problemas estriba en que la desaparición propiamente dicha no implica ningún delito y cabe la posibilidad de que se trate de un acto voluntario, siempre y cuando no sea un menor de edad. De hecho, más de la mitad de las denuncias que se mantienen activas implican a niños.