El año 2023 llega marcado por un importante número de retos educativos. Entre ellos, garantizar una atención más personalizada del alumnado, favorecer la permanencia del profesorado y dotar de tecnología a los centros educativos rurales, mejorar las instalaciones de los centros educativos para que tengan unos “adecuados” niveles de temperatura y calidad del aire, o garantizar un gasto educativo del 5,5% del PIB. Estas son algunas de las recomendaciones que incluye el Consejo Escolar del Estado (CEE) en su “Informe 2022 sobre el estado del sistema educativo en el curso escolar 2020-2021″. Con él, un año más, este órgano de ámbito nacional integrado por los sectores relacionados con la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno hace patente su firme compromiso de contribuir a que se adopten medidas que mejoren los resultados de la comunidad educativa y, por consiguiente, aumentar el rendimiento del sistema educativo español.

El Pleno del Consejo Escolar del Estado celebrado el 13 de diciembre de 2022 aprobó este informe referido a un curso escolar, el 2020-2021, que estuvo marcado por la pandemia de la Covid-19. El documento publicado ayer hace un análisis de las deficiencias detectadas en las aulas durante el curso académico en cuestión y dedica un capítulo a especificar cuáles son las propuestas de mejora que considera importante incorporar.

Una de estas deficiencias es la mala calidad del aire en el interior de las aulas, un problema denunciado durante años por la comunicada educativa pero que se intensificó y se difundió a nivel social debido a la necesidad de ventilar las aulas en pleno invierno para tratar de evitar los contagios entre alumnos y asegurar unas aulas seguras y sanas. Así, uno de los “deberes” que recoge el Consejo Escolar en este informe es modernizar “en el menor plazo posible” las instalaciones de los centros educativos. Y propone hacerlo en todos los centros financiados con fondos públicos para que se adapten a las directrices de la Unión Europea relativas a la eficiencia energética de los edificios. De esta forma, pretende garantizar que los escolares tengan una temperatura y una calidad del aire adecuada en las clases, favoreciendo así su productividad académica. Esta recomendación llega poco después de que la ministra de Educación, Pilar Alegría, anunciase que el Gobierno está preparando un “plan de adaptación climatológica” en los colegios, dotado con más de 200 millones de euros, para que la jornada lectiva se desarrolle en óptimas condiciones.

Otro de los propósitos para el año 2023 que se plantea el Consejo Escolar es fomentar programas de coeducación en los centros educativos, que incluyan un “plan de choque para la eliminación de la violencia contra las mujeres”. El objetivo es que se promueva la igualdad de oportunidades. Para ello, recomienda que se impulsen prácticas educativas que posibiliten una “formación integral” de las personas que las capacite para tomar decisiones “sin sesgo de género” y ayuden a erradicar la violencia género y sexual. El Consejo Escolar especifica cuáles deberían ser estas medidas: eliminar el sexismo en los libros de texto, incluir la perspectiva de género en la labor tutorial, docente y de orientación educativa y profesional, o la elaboración de protocolos para el tratamiento de estas situaciones.

Este órgano asesor también aconseja reducir la ratio de estudiantes por aula en todos los niveles educativos y, en particular, en aquellos grupos con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y en las aulas de Educación Infantil de 3 años, ofreciendo plazas mediante la suscripción de convenios para atender todas las solicitudes de escolarización. La bajada de ratio es una de las grandes demandas de la comunidad educativa para incrementar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, las administraciones no han aceptado nunca esta reivindicación por considerarla costosa. En su lugar, proponen fórmulas de refuerzo que se concentren en el alumnado que más lo necesita, es decir, centrar la reducción de las ratios en los centros con alumnado más desfavorecido.

Otro de los deseos del Consejo Escolar para el Nuevo año es que se garantice un gasto educativo del 5,5 por ciento del Producto Interior Bruto en 2023 y que se incremente de forma sostenida para “igualarlo a los países de nuestro entorno y para conseguir la adecuación financiera de acuerdo a las necesidades y

demandas educativas actuales –artículo 155 de la LOE–, garantizando un gasto educativo básico por estudiante que asegure el derecho de todo el alumnado a una educación inclusiva y de calidad”. De esta forma, quiere que se adecuen financieramente las necesidades y demandas educativas actuales, y que se garantice un gasto educativo básico por estudiante que asegure el derecho de todo el alumnado a una educación “inclusiva y de calidad”.

En el marco del sistema de financiación de las comunidades autónomas, aboga por establecer mecanismos de compensación que ayuden a corregir los déficits de la inversión media por estudiante, así como por habilitar las medidas que permitan dar a conocer el seguimiento de los fondos transferidos.