Movimientos feministas llaman al PSOE a endurecer más la ley trans

La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que agrupa a diversos movimientos feministas contrarios a la futura ley trans, considera que las enmiendas que plantea el PSOE son “insuficientes e inútiles” y no evitan la vulneración de derechos de las mujeres y los riesgos en que se pone a la infancia.

En un comunicado, esta plataforma subraya que sigue sin reformarse el eje de la ley -que cualquier persona, sin necesidad de informes, tratamientos o testigos, pueda cambiar su sexo en el registro- y alerta de la falta de salvaguardas jurídicas para evitar el fraude.

Fuentes del grupo socialista avanzaron este viernes el borrador de varias de las enmiendas que registrará el lunes en el Congreso, con las que plantea, por ejemplo, exigir autorización judicial para el cambio de sexo registral a los menores de 16 años y mayores de 12.

El proyecto que el Gobierno envió al Parlamento permite el cambio de sexo en el registro desde los 12 años, pero solo exige la intervención del juez entre los 12 y los 14 años. Entre los 14 y los 16 basta con que el menor esté asistido por padres o tutores y a partir de los 16 no fija requisitos.

Las enmiendas del grupo socialista, que propone también la intervención de un juez para revertir un cambio de sexo registral, no han gustado a los colectivos LGTBI, pero se quedan muy cortas para los grupos feministas contrarios a la autodeterminación de género.

A su entender, la ley carece de garantías jurídicas y éstas solo podrán lograrse manteniendo el requisito de un certificado profesional de disforia de género.

Consideran además que no debe permitirse el cambio de sexo registral a menores de 16 años “ni la toma de decisiones vitales basadas en el autodiagnóstico que conducen a tratamientos de bloqueo hormonal y a la posterior hormonación cruzada y a las cirugías irreversibles”, máxime si se trata de personas sin la suficiente madurez.

Piden además enmendar el proyecto para prohibir que varones con antecedentes penales por violencia sexual, machista o de género cambien su seco registral, única vía, a su juicio, de impedir que entren en centros penitenciarios de mujeres, informa Efe.