Gabilondo se marca un año (ampliable) para su informe de abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dado oficialmente el pistoletazo de salida al encargo realizado indirectamente en febrero por Moncloa y directamente por el Congreso de los Diputados para radiografiar la crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española. La puesta de largo tuvo lugar ayer, cinco meses después, en la sede del organismo, donde se reunió por primera vez con la comisión de especialistas que rastreará el alcance de esta lacra.

Según ha confirmado LA RAZÓN, al igual que la auditoría externa encargada al bufete Cremades&Calvo-Sotelo por la Iglesia, Gabilondo se ha marcado el plazo de un año para llevar a cabo su informe. Sin embargo, estos doce meses podrías ser prorrogables según la complejidad y el alcance del estudio. De hecho, no está previsto que el equipo se reúna de nuevo hasta primeros de septiembre y, por el momento, los 17 miembros del grupo no tienen una tarea específica que acometer durante el período vacacional. Junto a estos expertos en victimología y derechos humanos, pilotarán los trabajos el propio Gabilondo acompañado de las adjuntas primera y segunda del Defensor, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena.

Además, en breve se activarán los otros dos cauces que Gabilondo ha diseñado para analizar la cuestión. Así, se pondrá en marcha un Foro de Asociaciones, donde los colectivos de víctimas se reunirán para aportar su visión sobre el problema. En paralelo, también se quiere dar voz a quienes no pertenecen a ninguna plataforma a través de una Unidad de Atención a Víctimas, que pilotarán profesionales del acompañamiento y que se activará hoy mismo.

Es más, en principio, ya debería funcionar el teléfono gratuito 900 111 025 para que los abusados comuniquen sus denuncias y consultas, además de habilitar como vías el correo postal, el email e incluso las citas presenciales.

«En esta primera toma de contacto nos hemos entendido muy bien, gracias a una intervención sensata y estructurada de Ángel Gabilond», expone a este diario Miguel García-Baró, miembro de la comisión y coordinador del proyecto de Repara de acogida a víctimas de la archidiócesis de Madrid. Para el catedrático de Ética de la Universidad Pontificia Comillas, el objetivo de este equipo pasa por profundizar para ver «cómo aflora el problema, si es verdad que tiene que aflorar y hay elementos todavía ocultos como ha sucedido en otros países». Desde su mirada como católico, asegura que la comisión no busca ser una caza de brujas anticlerical: «En absoluto. Es más, es muy importante para la salud de la Iglesia que tengamos un mapa real y adecuado del problema, para poder curarlo y prevenirlo, para transmitir el Evangelio».

Sobre las cifras que se puedan aventurar en un futuro informe, el filósofo está convencido de que «mientras los datos no estén sobre la mesa, es como tener un cáncer cuyo alcance no conocemos, si es que todavía es una cuestión enquistada». En esta misma línea, considera que el trabajo del equipo no es competencia ni incompatible con la labor que realiza el despacho de abogados a petición de la Iglesia, si bien considera imprescindible que «las víctimas se fíen de los dos equipos y acudan a ellos, porque si esta confianza básica falta, no se va a poder llegar al resultado óptimo que todos esperamos».