De forma lenta pero constante el número de contagios ha ido incrementándose en las últimas semanas en España, y ayer la incidencia alcanzó los104 casos por 100.000 habitantes en 14 días, cifra que no se registraba desde septiembre. En el último mes, desde el pasado 18 de octubre, se han registrado en España 85.149 nuevos contagios, y la incidencia en esas cuatro semanas ha pasado de 42,51 a 104,29, lo que supone un incremento de 61 puntos.

Los ingresos hospitalarios, que hasta hace una semana permanecían más o menos estables, han comenzado a registrar un ligero repunte. La ocupación en camas convencionales se sitúa en el 1,86% (el pasado 18 de octubre era del 1,52%), mientras que las unidades de críticos (que el mes pasado estaban al 1,08%) han abandona la situación de «nueva normalidad» en la que se encontraban y llegan al 5% (riesgo bajo).

Ante la llegada a España de la sexta ola, ya son diez los ejecutivos autonómicos que están apostando porque se implante el uso del certificado covid para la entrada a determinados espacios y controlar la expansión de los contagios. Esta medida es la que más respaldo tiene entre las comunidades, que prefieren limitar el acceso a las personas no vacunadas a ciertas actividades antes que imponer restricciones que golpeen de nuevo a sectores ya muy castigados por anteriores olas, como la hostelería y el ocio nocturno.

Y esta apuesta va más allá del signo político de sus dirigentes, ya que autonomías socialistas como Aragón, Canarias, Navarra y Comunidad Valenciana apoyan esta propuesta, e instan incluso al Gobierno a que tome una decisión coordinada a nivel estatal. País Vasco, Murcia, Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla y León son las otras seis autonomías que estudian instaurar el uso del documento, aunque todas ellas se enfrentan al escollo judicial, ya que necesitan amparo jurídico para implantar una medida que ya ha sido rechazada por varios tribunales superiores de Justicia.

A este respecto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, indicó el miércoles que las comunidades tienen «un camino abierto» para solicitar el certificado covid amparándose en una resolución del Tribunal Supremo que señala que su utilización estaría justificado en ámbitos territoriales concretos, en un espacio determinado, según la situación epidemiológica. Ayer mismo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó entender la preocupación de las regiones, pero subrayó que se debe mantener el consenso alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud.

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, pidió a la ministra Darias que «acentúe su sensibilidad» y adopte «algún tipo de medida» que dé cobertura legal a las comunidades para adoptar medidas de contención del coronavirus, como la implantación del pasaporte covid. Lambán recordó la disparidad de criterios que rigen en los diferentes tribunales superiores de las autonomías, y mientras tanto «los contagios aumentan de manera lenta pero sostenida y es preocupante también la hospitalización, y no se nos ocurre qué más cosas hacer que las que ya sabemos que hay que hacer pero que hoy por hoy no nos dejan», se lamentó.

En esta línea se pronunció el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre: «No vale que la ministra diga que cada comunidad haga de su capa un sayo y luego cada Tribunal Superior de Justicia hace de su capa un sayo, y llegamos a una inequidad dentro de todas las comunidades autónomas», manifestó.

En este momento, Galicia y Cataluña son las dos únicas regiones españolas que ya piden el pasaporte covid para el acceso a determinadas actividades, aunque se están planteando ampliar su uso. Así, el consejero de Salud de la Generalitat, Josep María Argimon, no descarta pedirlo en otros ámbitos más allá del ocio nocturno y celebraciones con baile en espacios cerrados. Precisamente ayer, el Tribunal Superior de Justicia catalán avaló prorrogar las restricciones sanitarias en vigor. Al argumentar esta decisión los magistrados indicaron que requerir el certificado covid en los espacios cerrados es una forma idónea de contener los contagios, y lo consideran necesario y proporcionado «teniendo en cuenta que supone la posibilidad de reapertura de muchas actividades que habían quedado paralizadas o suspendidas».

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que ante el aumento de la incidencia en la comunidad podría extender el uso del documento. En Galicia ya se pide en locales de ocio nocturno y en albergues de peregrinos, pero podría ser exigido también para las visitas a hospitales.

En la tarde de ayer, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, anunció que se va a pedir en las islas el certificado Covid para actividades de riesgo, y a partir del 1 de diciembre se solicitará a los pasajeros de vuelos procedentes de la península.