Detenidos por explotar a trabajadores en campañas agrícolas

La Guardia Civil, en su campaña de inspecciones en explotaciones agrícolas, ha detenido a tres personas, dos en la localidad de Hormilleja (La Rioja) y otra en la localidad de Fraga (Huesca), por delitos contra los derechos de los trabajadores.

En la primera, han sido arrestados un hombre y una mujer, de 41 y 42 años, naturales de Portugal; captaban y trasladaban hasta La Rioja, mediante el engaño y abuso de situación de precariedad, a ciudadanos de diferentes nacionalidades y en riesgo de exclusión social, con el único fin de explotarlos laboralmente como temporeros en las diferentes campañas agrícolas.

Estas personas, naturales de Brasil y Rumanía, residían en el sótano de la vivienda de sus patronos en condiciones precarias e insalubres; sufrían amenazas y, en ocasiones, agresiones físicas; su situación se agravó desde el inicio del estado de alarma al no poder trabajar ni cobrar salario alguno. Se alimentaban de las sobras de comida que dejaban sus patronos, o las ayudas de vecinos y servicios sociales.

Los detenidos habían captado sus víctimas en Madrid, mediante el engaño y la falsa promesa de un trabajo digno en La Rioja, con buen salario, seguro médico, alojamiento y manutención. Una vez en La Rioja, sufrían descuentos desorbitados por el alojamiento y la manutención y en ocasiones no recibían salario alguno por su trabajo.

En Fraga, la Guardia Civil, junto con personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad, llevaron a cabo varias inspecciones en explotaciones agrícolas al objeto de supervisar supuestas irregularidades cometidas en la contratación de temporeros para la campaña de recolección de la fruta. El empresario detenido tenía varias fincas arrendadas en la zona y contrataba personal aprovechándose de su situación irregular y la necesidad económica.

La situación de estos trabajadores era muy vulnerable; algunos de ellos pernoctaban a la intemperie y se les ofrecía dinero por trabajar en la campaña de recolección de fruta sin formalizar ningún tipo de contrato. Llegado el momento de abonarles el salario acordado, el detenido retrasaba el pago, por lo que los empleados, cansados de la situación y no pudiendo subsistir sin ningún ingreso, dejaban el trabajo sin llegar a cobrar y buscaban otros empleos.

El empresario aprovechaba que los propios trabajadores le informaban de que carecían de la documentación necesaria para trabajar en España, lo que hacía poco probable que denunciasen las irregularidades ante las autoridades. De esta manera, no les daba de alta en la seguridad social yno formalizaba ningún contrato, además de obligarles a superar la jornada laboral. Tampoco les facilitó ningún tipo de medida de protección frente al COVID-19. Hasta el momento han sido localizadas diez víctimas de este individuo.