Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) enfrenta su peor crisis hasta la fecha. La incapacidad del Gobierno para llegar a un acuerdo con las aseguradoras para renovar el concierto sanitario que garantiza la atención privada a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias ha llevado las negociaciones a punto muerto. Este concierto, previsto para el periodo 2025-2026, ha quedado desierto, lo que genera incertidumbre sobre el acceso a servicios privados y, sobre todo, pone presión sobre la sanidad pública, que podría verse desbordada si los mutualistas migran a este sistema.

Ante esta situación, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) alerta sobre los posibles riesgos e inequidades que podría conllevar el traspaso de la totalidad de los beneficiarios de Muface a la sanidad pública, tal y como se está planteando en estos momentos por parte del Ministerio de Sanidad.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la entidad afirma que «en aras de la defensa de un Sistema Nacional de Salud accesible, equitativo y justo» debe informar sobre los «conflictos organizativos, económicos y administrativos» que conllevaría la integración masiva de más de un millón de funcionarios en la asistencia sanitaria pública.

El primero que percibiría la ciudadanía sería la «sobrecarga del sistema público». La SEMG afirma que incorporar a los mutualistas de Muface incrementaría el número de usuarios atendidos por la Seguridad Social, lo que podría exacerbar la presión sobre centros de salud y hospitales. Además, indica que aumentarían las listas de espera. La transmisión de pacientes «no podría ocurrir sin una reorganización de recursos. Implicaría redistribuir personal, infraestructuras y presupuestos para absorber a los beneficiarios de Muface en el sistema público», subrayan.

Pero lo más importante, indican, es que «se pondría en riesgo el valioso papel vertebrador de la Atención Primaria». Especialmente muestran su preocupación por la atención de pacientes crónicos, dado que con la propuesta que bajara el Gobierno de "saltarse" la Medicina de Familia y pasar a control hospitalario «se crearía una inequidad con el resto de pacientes, privándoles además del beneficio del papel coordinador de la Atención Primaria, demostrado en términos de morbimortalidad».

Además, la Sociedad que aglutina a los médicos generales y de familia en España detecta y advierte sobre otros riesgos, entre los que destaca:

• Dificultades administrativas: Muface y la Seguridad Social operan bajo normas y procesos diferentes, lo que complicaría su unificación. A nivel operativo «ajustar esos procesos sería costoso», apostilla la SEMG.
• Impacto económico: La transición podría aumentar el déficit de la Seguridad Social, dificultando su sostenibilidad financiera.
• Pérdida de derechos: Los mutualistas valoran la opción entre sanidad pública y privada, y podrían percibir la integración como una reducción en sus beneficios.
• Desigualdades autonómicas: La descentralización sanitaria podría amplificar las disparidades entre regiones, afectando la calidad del servicio según la comunidad autónoma.
• Conflictos legales con adaptación de la normativa que rige a los funcionarios. «Habría que modificar múltiples normas relacionadas con MUFACE, la Seguridad Social y los derechos de los funcionarios, lo que podría enfrentar trabas legales y políticas significativas», concluye la sociedad médica.