El escándalo de la compra de una partida de test defectuosos a la compañía china Bioeasy Biotechnology a través de un intermediario español desconocido en el sector, Inter Pharma, ha sumido en la indignación a numerosos funcionarios que trabajan en el Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Salvador Illa adjudicó a esta empresa –con sede fiscal en Madrid pero con planta en Santa Coloma de Gramenet, a 30 kilómetros de La Roca del Vallés, en donde él fue alcalde– el contrato de suministro de 659.000 kits diagnóstico para el Covid 19 en plena eclosión de casos por un importe de 17,143 millones, según el expediente. De ellos, llegó a acometer un pago inicial cercano a los siete millones. La baja fiabilidad de estos test, denunciada por los hospitales ante la falta de las verificaciones previas por parte del Ministerio, forzó al departamento de Illa a su posterior devolución.

Según informó Sanidad, el contrato «quedó anulado al demostrarse que la sensibilidad de los productos era inferior a la deseada». Fuentes no oficiales del Ministerio aseguran a LA RAZÓN que el expediente fue tramitado directamente el 16 de marzo por la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, a quien Illa mantuvo en el cargo. Lacruz llegó a Sanidad de la mano de Carmen Montón como ministra. Las mismas fuentes indican que la tramitación de ese expediente se completó entre el 15 al 22 de marzo, antes de que Hacienda interviniera las compras ante el caos que imperaba en Sanidad. Tras esa decisión, Hacienda tomó el control, relegando el papel del Ingesa y del Instituto Carlos III al de meras instituciones técnicas de soporte. Las mismas fuentes explican que la gestión del expediente de los test a través del intermediario Inter Pharma burló dos de los procedimientos siempre habituales en las compras que hace el Ministerio.

El primero,consiste en que no fue sujeto a un análisis farmacoeconómico previo a la compra por parte de un grupo de evaluación en la Dirección que capitanea Lacruz. La mayor parte de sus integrantes, funcionarias de carrera muy cualificadas, no tuvo conocimiento de este expediente hasta después de la compra. El segundo fue que tampoco existió un informe técnico previo de las características de los test que se iban a adquirir por parte del Carlos III, pese a contar con el prestigioso Centro de Virología. De hecho, el Carlos III reprendió por escrito a la Dirección General de Farmacia el 20 de marzo por no haber participado en la evaluación técnica previa. La falta de estos informes técnicos sortea las prácticas habituales de la Administración al suscribir contratos públicos. Un portavoz de Inter Pharma reconoció la ausencia de dicha evaluación previa, pero argumentó que la operación se llevó a cabo de esa manera ante la situación de urgencia y a la falta de test en el mercado, lo que encontraría amparo en la Ley de Contratos del Sector Público. Otro hecho llamativo es que el Ministerio concediera licencia importadora extraordinaria a la empresa 48 horas después de haberse firmado el acuerdo, firmado el 18 de marzo.