Vuelta al contorsionismo negociador de Sánchez

Salvado por la campana de un nuevo KO parlamentario. Así se sintió ayer el Gobierno tras un nuevo día de emociones fuertes en el Congreso de los Diputados. Con la garantía de haber salvado el veto del Senado tras imponer el PP sus modificaciones gracias a su mayoría absoluta, la reforma fiscal del Gobierno –que se ha quedado más bien en un paquete fiscal «light»– parecía tener en el bolsillo su aprobación al pactar en todas las direcciones y sentidos. Pero aún quedaba el escollo de salvar los cambios de la Cámara Alta, meollo principal de las nuevas alianzas que se ha visto obligado a tejer el Ejecutivo fuera del cada vez menos rocoso bloque de investidura.

En una sesión plena de reproches –la mayoría más de cara a la galería que otra cosa–, el paquete fiscal fue definitivamente aprobado, pero solo una vez incorporada la derogación del gravamen a las energéticas promovida por el PP, que salió adelante con los votos de dos de los socios habituales del Ejecutivo, PNV y Junts, que se unieron a Vox para ello. Este hecho confirma la grieta en el bloque de investidura, que se ha agrandado durante la accidentada tramitación de la ley y que amenaza con extenderse a la negociación de los Presupuestos Generales de 2025.

Pese a todo, Pedro Sánchez ha visto cumplidas sus expectativas –aunque no hayan sido completas– tras lograr establecer un tipo mínimo para las multinacionales –como exigían desde Bruselas– y regular las principales claves del paquete fiscal, salvando una reforma cuya tramitación estuvo a punto de caer varias veces por los vetos cruzados entre los socios y por el «no» al «impuestazo» energético, que el PP introdujo en el Senado.

Aunque este «tasazo» en realidad nunca llegó a formar parte del paquete fiscal del Gobierno, su aprobación ha sido el elemento desestabilizador de todas las negociaciones, tras volver a apostar por el contorsionismo negociador. Para tapar las vías de agua, Sánchez se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más el gravamen temporal, con Podemos a negociar un impuesto permanente y con Junts y PNV a que no afectara a las inversiones. En ninguno de los casos logró su objetivo al 100%.

Pero el Gobierno se había guardado una última carta marcada en la manga. La derogación del gravamen les dejaba en muy mal lugar ante sus compañeros más fieles (Podemos, ERC, Bildu y BNG). Pero gracias a un nuevo subterfugio legal puede volver a salvar los muebles. Sánchez piensa aprovechar el último Consejo de Ministros del año para aprobar el decreto que prorroga del gravamen antes de que entre en vigor su derogación. El objetivo es que se active antes de que la reforma votada ayer se publique en el BOE y sea oficial la supresión de su base legal.

Una solución al más puro estilo Sánchez, pactar una cosa y la contraria. Contorsionismo puro.