La corrupción centra la oposición al gobierno y Jueces –ahora también Juezas–para la Democracia entra en liza. Acaba de denunciar que el Consejo General del Poder Judicial favorece al PP con los últimos nombramientos de miembros de mi asociación –la Asociación Profesional de la Magistratura–, luego coopera a la impunidad de los corruptos, luego esos jueces serían agentes encubiertos del PP. Temeridad al margen, la gravedad de tal cañonazo es obvia si procede de una asociación judicial.

En lo profesional según Jueces para la Democracia se atenta contra la independencia judicial si no se elige a sus afiliados, sólo ellos son jueces de verdad, tienen mérito y capacidad: ellos sí son independientes, incluso aquel destacadísimo miembro suyo elegido Fiscal General y que –ojo al dato– llegó a sentarse en el Consejo de Ministros, eso sí es ser independiente, no como el actual. En coherencia con su ideología izquierdista, parecen partir del axioma totalitario de que el orden natural del cosmos significa que sólo ellos sean elegidos, lo contrario es una anomalía de la historia que hay que enmendar.

Quiere monopolizar los valores de independencia y apoliticidad de la Justicia pero habrá que recordarle, por ejemplo, que aplaudió que el Consejo lo elijan los partidos; o que rompió la unidad en el asociacionismo profesional judicial para presentarse como la opción de izquierdas en la Justicia o que nunca haya ocultado que su misión es instaurar –toga puesta– el modelo de sociedad de la izquierda. Pero tranquilidad: eso no es estar politizado, tampoco que llegase a defender el control «democrático» de los jueces, una palabra que, como independencia o libertad, tiene otro significado si se pronuncia desde esos parajes ideológicos.

Quizás esto explique que la fuerza de Jueces para la Democracia no dependa de su peso en la Judicatura, sino que le viene de la función asignada en el cosmos de la izquierda. Dentro de ese frondoso árbol político es su rama judicial: esa es su fuerza y ahí ve su sentido, por lo que es intercambiable, sirve de comodín para socialistas, comunistas, podemitas o lo que se tercie. Habrá discrepancias, cierto, pero serán de oportunidad.

Pese a todo siempre he estimado a esa asociación. Valoro que en el debate sobre política judicial haya un ideario de izquierdas porque estimo más al contrario coherente, con ideas claras, que al que es pose sin ideario identificable; esa coherencia e independencia de criterio hizo que en su momento el Gobierno socialista desconfiase de ellos y alumbrase alguna asociación de diseño.

Ahora ser referente ideológico parece cosa del pasado y opta por el papel de frente judicial en la oposición política, parapetándose en un discurso profesional. Interviene así en el debate político como un actor más, quiere estar ahí pero sin recibir sus golpes y si le alcanzan denunciarlos como ataques a la independencia judicial. Quizás sea inevitable que su ideario le lleve a un terreno escurridizo donde es fácil deslizarse del discurso ideológico al político, un riesgo que sólo evitan aquellos con capacidad para discernir, lo que quizás explique la diferencia entre asociación y afiliados, entre los que hay magníficos profesionales con una idea cabal de la independencia.

En fin, hace poco el Tribunal Supremo declaró que era legal que no se nombrase presidenta de la Audiencia Provincial de Barcelona a una afiliada de Jueces para la Democracia: que hubiese entrado en el debate político en favor de la consulta independentista catalana la hacía inidónea para tal cargo. Esa asociación atacó no al Consejo –al fin y al cabo, órgano político– sino al más alto tribunal porque legitimaba purgas ideológicas.

Un miembro del tribunal sentenciador –cofundador de Jueces para la Democracia– se sintió insultado en su profesionalidad y respondió a su directiva con una durísima carta abierta. Calificaba de reaccionarias, insolidarias y deshonestas esas opiniones, y aún más: que eran majaderos, inmorales, que decían idioteces y demostraban ignorancia sobre conceptos muy básicos en materia de Justicia. En fin, que incurrían en «un repugnante corporativismo en la defensa de una asociada que, con la exhibición de su toga jurisdiccional, se ha inmiscuido en un planteamiento político claramente inconstitucional». Epítetos aparte –que no hago míos– la critica de tan relevante asociado debería hacerles reflexionar.