La trama corrupta señala a Montero

A medida que las investigaciones sobre las tramas corruptas vinculadas al Gobierno y al PSOE progresan y que las pruebas y los indicios fluyen, ha quedado al menos de manifiesto que las revelaciones del empresario Víctor de Aldama han sido corroboradas en buena medida o al menos no han resultado rebatidas documentalmente. También que hemos asistido a una letanía de rectificaciones de algunos de los señalados en el gabinete y en el partido por el testimonio del comisionista. Se han aportado tantas versiones que el retractarse se ha convertido en un patrón que jalona a todos los supuestos implicados en los turbios manejos que el material aportado por Aldama ha documentado en los tribunales y en la Fiscalía. En esto de desdecirse la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha llevado la palma, principalmente en su intento de preservar la honorabilidad de su mano derecha, el director de gabinete, Carlos Moreno, acusado por el nexo corruptor de, entre otras cosas, haber recibido 25.000 euros por conseguir un aplazamiento de una deuda con Hacienda que condujo a que se estableciera entre ambos una «relación de interés». Montero pasó de negarlo todo, incluso que Moreno y Aldama se conocieran, a admitir encuentros sosteniendo que las reuniones de su jefe de Gabinete con empresarios entraban dentro del buen funcionamiento de su Ministerio, además de que «ponía la mano en el fuego» por él. Por lo que sabemos, y adelantamos hoy en nuestras páginas, ese firme respaldo, ese férreo cierre de filas con Carlos Moreno, puede justificarse en el grado de intervención y la connivencia de la vicepresidenta en el enredo que ya parece poco discutible. Aldama contaría con pruebas que demostrarían cerca de una decena de reuniones con el jefe de gabinete y que la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez estaría al corriente de todos estos movimientos. Se habrían dado cuatro con carácter más o menos institucional y otras tantas de manera extraoficial, como constaría en las conversaciones registradas en el teléfono móvil del comisionista y que revelarían su contenido y alcance. A partir de aquí, y con esa información a disposición de la Justicia, María Jesús Montero debería poner primero la mano en el fuego por ella misma. Exigir explicaciones, rendir cuentas o que se depuren responsabilidades políticas, pues las judiciales seguirán su procedimiento, constituye un deber por más que este Gobierno haya abominado de la recta conducta democrática y del respeto al canon moral y ejerza de elemento antisistema y obstruccionista. Montero se esconderá en el bulo y el fango para negarlo todo sin aclarar nada. Preservaremos, por supuesto, la presunción de inocencia, pero Aldama es un colaborador reconocido de la Justicia al que al menos dos tribunales y la Fiscalía Anticorrupción han dado su testimonio por veraz.