El trípode

Un padre no puede impedir la eutanasia de una hija

Una «cultura de la muerte» que trata cual delincuentes peligrosos a quienes están con carritos de bebés rezando el rosario delante de un abortorio intentando defender la vida de una criatura todavía no nacida.

Para que la sociedad tome conciencia de lo que significa la vigente ley de eutanasia es oportuno conocer que una jueza de Barcelona ha denegado el recurso presentado por un padre contra la petición reiterada de una hija suya para que se le aplique la eutanasia. El padre considera que las actuales condiciones físicas y mentales de su hija (de 24 años) como consecuencia de un intento previo de suicidio fallido la incapacitan para pedir con plena conciencia de su significado, el suicidio «asistido». Téngase en cuenta que esa ley niega la legitimación para recurrir a los padres del suicida lo cual ha sido tenido en consideración por la autoridad judicial en su auto. Sin entrar en la casuística de este caso que no es el único que se produce con motivo de la aplicación de esa ley, la argumentación que se deriva inmediatamente es la de que habría que prohibir –por ejemplo– que los bomberos intenten impedir que una persona se lance al vacío desde lo alto de un edificio, rescatándola o colocando una red o un colchón que impida su impacto con el suelo. Que obviamente tiene por objeto salvarle la vida e impidiendo al suicida consumar su derecho a morir. En esa lógica, los bomberos le habrían impedido ejercer un derecho lo cual sería una conducta que violaría la ley. Es evidente que la eutanasia es el derecho de una persona a tener la ayuda necesaria para poder alcanzar una muerte «digna» y no contempla que la ayuda para conseguirla sea lo que hacen en esos casos los bomberos, la policía o los vecinos, ya que esa muerte no es susceptible de ser considerada como «digna» y con derecho a ser facilitada. Puede aplicarse el ejemplo a cualquier otra modalidad de suicidio desde el disparo, el veneno o cortarse las venas, que tampoco son «dignas» según la lógica del derecho al suicidio «asistido», que repugna a la conciencia y la razón de cualquier ser humano. La ley «progresista» de eutanasia es defendida como un avance en derechos sociales e incluida como una prestación sanitaria gratuita en el régimen general de la Seguridad Social. La gratuidad es «de agradecer», ya que los fármacos para provocar esa muerte indolora tienen un coste elevado. Con razón Juan Pablo II denominó como la «cultura de la muerte» a la cultura que reconoce como derechos el aborto y la eutanasia, frente a la «cultura de la vida». Una «cultura de la muerte» que trata cual delincuentes peligrosos a quienes están con carritos de bebés rezando el rosario delante de un abortorio intentando defender la vida de una criatura todavía no nacida.