La nueva «ley» de la puerta de atrás del Gobierno

La debilidad parlamentaria que sufre el Gobierno de coalición PSOE-Sumar desde hace semanas ha disparado su creatividad a la hora de presentar enmiendas a proyectos de ley de todo tipo y pelaje, que utiliza a su antojo para llevar al límite los resortes institucionales y legales que les permitan aprobar todo lo que presenta. El Ejecutivo se ha abonado a la más que dudosa práctica de la ley no escrita de la «puerta de atrás», subterfugio que ha convertido en habitual pese a haber sido censurado por el Tribunal Constitucional y denunciado por los propios letrados de la Cámara, que critican abiertamente que el Gobierno introduzca medidas controvertidas e independientes en normativas con las que no guardan ninguna relación, solo para garantizarse su aprobación.

Lo hizo para suprimir el delito de sedición, utilizando la disposición final quinta de su polémica proposición de ley para modificar en silencio el artículo 573 bis apartado 4; lo repitió para blindar la amnistía de los independentistas catalanes condenados, usando sin pudor el decreto anticrisis y derogando una transposición del propio Gobierno que reforzaba la posible paralización de la amnistía si se recurría ante la Justicia europea; reincidió con un cambio legal para rebajar las penas de los presos etarras, que permitía con una disposición adicional única la conmutación de los años de cárcel pasados por los etarras fuera de España; y lo culminó hace dos semanas con los enjuagues jurídicos para introducir en una enmienda al proyecto de ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales toda una concatenación de medidas adicionales que confluyeron en un nuevo impulso a la presión fiscal sobre hogares, empresas y autónomos, además entregar a las haciendas forales la recaudación del tipo mínimo del impuestos de Sociedades.

Hay muchas más, pero nos quedaríamos sin espacio para relatar todas ellas –subidas fiscales, elevar tributaciones al ahorro, gravar el IVA de los alquileres de corta duración...–. La técnica para lograrlo es sencilla: presentar una catarata de enmiendas, que no guardan conexión con la ley que se está tramitando, para que queden sepultadas por la sobreinformación y pasen desapercibidas.

Si se tira de ironía, el Gobierno debería quitarse ya la careta y decidirse por aprobar directamente la «ley de la puerta de atrás», en la que pueda colar sin remordimiento todas las prebendas que otorga a sus socios y las medidas más controvertidas que camufla filtradas en enmiendas a los proyectos de ley, convertidos ya oficialmente en leyes pantalla que nada tienen que ver con los propósitos primigenios para los que fueron presentados. Al menos así, la ciudadanía y los partidos de la oposición sabrían que les están engañando, pero con un halo de legalidad institucional «made in Sánchez».