Además de los problemas judiciales que rodean a su círculo más íntimo y otros de diferente índole, como los derivados de la privilegiada condonación de la deuda catalana o los escarceos sexuales y económicos del que fuera uno de sus hombres de máxima confianza, José Luis Ábalos, a Pedro Sánchez se le abre otro importante frente capaz de debilitar aún más su desgastado techo electoral: el sanitario. Sin lugar a dudas, Mónica García figura ya con pleno derecho entre los peores ministros de Sanidad que ha habido en España en toda su historia democrática y son centenares los sanitarios de izquierdas, muchos de ellos históricos, que reconocen estar hartos de la gestión de esta anestesióloga que ocupa la cúpula del Ministerio por el único mérito de formar parte de la cuota gubernamental exigida por Sumar a cambio de su apoyo al PSOE. La gota que ha colmado la paciencia de un sector especialmente maltratado por años de volatilidad en la política sanitaria y de desprecio oficial manifiesto tras el sobreesfuerzo que supuso la pandemia son los médicos, que harán huelga contra el Ministerio por un proyecto de Estatuto Marco que rezuma sectarismo, ignorancia y chapucería a partes iguales. En apenas unos meses, García ha logrado poner en su contra por igual a facultativos de derechas, de centro y de izquierdas, y no son pocas las voces dentro de este último espectro ideológico que secundan los paros y animan a magnificarlos contra el mayor ataque oficial que se recuerda contra una profesión sanitaria en años. Si a alguno le cabía alguna duda, la boutade de la opositora fracasada de Isabel Díaz Ayuso en Madrid acusando a los médicos de ganar mucho, tanto como un ministro, para intentar desprestigiarles, como si fueran controladores o estibadores, ha terminado de despejarla. Pero no es este único punto negro en la nefasta gestión de la que prometía blindar la sanidad pública frente a no se sabe qué ignotas privatizaciones, y que tanto está dañando al Gobierno. Con ella a los mandos, la sanidad pública funciona precisamente peor que nunca, con listas de espera en niveles récord y con récord también de días para la incorporación de los medicamentos más innovadores al mercado –casi 700– después de que los autoriza Europa. Según los datos recabados por el propio Ministerio de Sanidad, 848.340 enfermos aguardan una operación en España desde que el especialista se la prescribe, y el tiempo que han de aguardar para ello es de 121 días. García debe encima dar gracias a que su odiada Comunidad de Madrid mejora tan negras estadísticas, al ser el territorio más rápido: lo hace en 47 días, 74 días antes que la media del conjunto del país. Para colmo, la ministra también ha puesto en contra del Gobierno a los funcionarios al abogar por la muerte de Muface, siendo finalmente desautorizada por el ministro Óscar López y el propio Ejecutivo.

Tan preocupantes como estos retrasos inadmisibles en las intervenciones quirúrgicas son los que acumulan algunos fármacos concretos en llegar a los pacientes. Tal y como desveló LA RAZÓN, casi dos decenas de anticancerígenos empleados en países de nuestro entorno siguen sin administrarse en España, en muchos casos por razones «presupuestarias». Además de a los facultativos, las propias autonomías, la sanidad privada y los pacientes, García tiene también mosca a la industria farmacéutica. Su proyecto de Ley del Medicamento sume en la incertidumbre jurídica a un conjunto de empresas de alta cualificación y es otra chapuza.