Libertad de expresión frente al sanchismo

No hay democracia posible sin el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el respeto absoluto del derecho a la libre información del ciudadano. Es un axioma simple en su enunciado, pero de una enorme complejidad en su desarrollo y aplicación. Los regímenes autoritarios y autocráticos, o con aspiraciones de implantar un sucedáneo al uso y tolerable en el siglo XXI, se lo saben al dedillo y por ello siempre lo sitúan en su punto de mira. El sanchismo ha compartido ese credo con devoción conventual especialmente desde que las investigaciones y las informaciones relativas a su corrupción comenzaron a copar las portadas y los minutos de radio y televisión. Pasó de la retórica inflamable contra los bulos, la desinformación y la máquina del fango a la práctica legislativa. De la ley a la ley en la dimensión más espuria que se pueda imaginar, desnaturalizando sin pudor el espíritu de los padres de la Constitución e incluso de los hacedores de la democracia. Se puso manos a la obra con el denominado Plan de Acción por la Democracia, y como parte de su progenie la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, con el propósito de silenciar en el mejor de los supuestos, y arruinar, en el peor, a los medios incómodos. Sentadas las bases del discurso y la estrategia, la ofensiva sigue por tierra, mar y aire, sin medias tintas ni apariencia de decoro o vergüenza institucionales con demandas como la de la defensa del fiscal general para que se limiten las informaciones sobre la causa que lo afecta. Se ha quejado de que las filtraciones, por las que señala a la acusación particular y a la acción popular, habían deparado un juicio paralelo que socava la presunción de inocencia. Por supuesto, que los letrados están en su derecho de inducir controversias y polémicas para sacar ventaja, pero no deja de resultar paradójico que el sanchismo en cualquiera de sus manifestaciones ponga el grito en el cielo por las filtraciones, las sentencias del telediario o el escaso amparo a la presunción de inocencia que tan poco han practicado cuando los afectados han sido y son dirigentes del PP. Lo eminente, sin embargo, no es lo extemporáneo y osado de la iniciativa, que también, sino el auto del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado que ha rechazado adoptar decisión alguna que suponga limitar el derecho a la libertad de expresión en el procedimiento. Lo ha hecho con un argumentario irrebatible: «Impedir tal difusión (de informaciones en los medios) supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta, y si la parte considera que tal vulneración se ha producido, así como la que, en el futuro, considere que pudiera producirse, siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensión, acudiendo a la vía que estime oportuna». Se define así un pilar del estado de derecho. O se está con la libertad de expresión o no se está. O se es demócrata o no se es. El sanchismo, por sus obras los conoceréis, prefiere la mordaza.