En la Italia de la década de los setenta, del pasado siglo, el Partido Comunista era una alternativa seria, pero no podía alcanzar el poder: en plena Guerra Fría no se hubiera tolerado que una potencia occidental, europea y mediterránea, basculase hacia el bloque soviético. Pero sí era posible, y gracias a ese temor se perpetuaron gobiernos de una Democracia Cristiana corrupta. El comunismo italiano no lograría gobernar, promover leyes, tampoco hacerlas, pero sí hacerse presente entre quienes las aplican e interpretan, los jueces

Los aglutinados en Magistratura Democrática no ocultaban sus raíces ideológicas con las que interpretar las leyes y abanderaron el uso alternativo del Derecho. Según su tesis los derechos y libertades estarían constitucionalizados pero entre leyes limitativas más el aporte de una Justicia conservadora, aquel sistema político estaba deslegitimado, lo que justificaba esa labor de reinterpretación ideológica; añádase el azote terrorista, que instauró un régimen penal defensivo, ante el que esa izquierda judicial pretextó que los derechos individuales estaban amenazados.

Cayó el Muro y con él esos partidos que ejercieron durante décadas de dique y que acabarían consumidos en su corrupción. Con el tiempo parte de la izquierda judicial repudió sus veleidades prosoviéticas y se desmarcó del uso alternativo del Derecho, no tanto por censurarlo como por pragmatismo, porque era ya innecesario. Había que volver a un positivismo garantista. Esto también se vivió en España. Recuerdo a un Pope de Justicia Democrática que, tras llegar el socialismo al poder, anunció su Buena Nueva: tocaba cumplir las leyes porque, sencillamente, ahora «las hacen los nuestros».

Erigidos en neocons jurídicos, con esa conversión a un rancio positivismo han perdido su fuerza preceptos constitucionales icónicos para el progresismo jurídico traído de Italia y pienso en el artículo 9.2: ya no es necesario ese juez comprometido para crear las condiciones que hagan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y no es necesario porque es un dogma político e ideológico que los «nuestros» mandan. Que bajo «los nuestros» la pobreza aumente, se limiten libertades o la igualdad se esfume, también en lo territorial, son realidades que no pueden estropear que se luzca un buen ideólogo.

Y hablando de ideólogos, hace unos días Luigi Ferrajoli fue llamado por El País para ilustrarnos sobre el statu quo de la calidad de nuestra democracia, de nuestra Justicia y nos alertase de los peligros que acechan. Ferrajoli fue juez, miembro de Magistratura Democrática y desde hace ya mucho tiempo entregado a la docencia y a la filosofía del Derecho; lidera iniciativas jurídico globalistas y ahí está su proyecto de Constitución de la Tierra.

En su artículo Ferrajoli hace consideraciones plausibles como, por ejemplo, sobre la distinta fuente legitimadora del juez -la garantía de los derechos- frente a la representatividad que legitima al poder político o su denuncia de cómo, en buena parte de los países occidentales, desde la política no se soporta el control judicial. Critica así a movimientos involucionistas -caso de Israel o Méjico- y los diversos populismos, un panorama ante el que es más necesaria que nunca «la defensa del papel de garantía del Estado de derecho ejercido por una jurisdicción independiente» y es que, añade, «donde no hay separación de poderes ni independencia de la jurisdicción, no hay limitación del poder político ni garantía de los derechos de los ciudadanos».

Hasta aquí todo iba bien. Ferrajoli ausculta y diagnostica nuestro momento judicial, y constata que le han inoculado un virus que infecta el sistema constitucional de separación de poderes. Pero acaba descarrilando: El País va a lo que va y su encargo debió ser para un diagnóstico interesado que ignore, hoy y ahora, a «los nuestros» como agentes infecciosos. Con tal hoja de encargo ataca al PP que, dicho sea de paso, se lo merece por su patético papel de gregario; un encargo que incluía, además, atacar a los jueces críticos con la ley de amnistía o a esos que gobierno, izquierda y secesionistas acusan de lawfare.

¿Dónde está ese Ferrajoli que decía, por ejemplo, que el juez está sujeto a la letra de la ley pero, sólo si la ley es «válida»? Ahora el peligro no es un poder político que quiera laminar a los jueces, sino los jueces por contrariar al poder político, pero no a uno cualquiera, sino a «los nuestros». Y así acaba el artículo, con un estrambote impropio de nuestro filósofo florentino, que le coloca al nivel de esas soflamas que todo premiado en la gala de los Goya debe recitar para no salirse del guion. Es lo que pasa cuando se desvía de la noble elucubración filosófica para opinar, sin buen conocimiento, sobre la crítica situación de nuestro sistema constitucional. En su lugar mete ideología, lo que le acerca al sectarismo.