La decisión de Rita Barberá de darse de baja del Partido Popular, pero sin renunciar a su escaño en el Senado, responde a la lógica de una persona que ha decidido defender el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial que asiste a cualquier ciudadano. Barberá mantiene que no ha cometido delito alguno y actúa en consecuencia. En estos casos, como en las renuncias forzadas de los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, LA RAZÓN siempre ha mantenido la misma postura que, además, coincide con la mayoría de los estatutos de los partidos: no se debe exigir la renuncia de un cargo electo a menos que se haya sustanciado su procesamiento o, en su defecto, ingresado en prisión por decisión fundamentada del juez. La apertura de una investigación no puede ser causa suficiente, mucho menos cuando lo que juega de manera inevitable es la pugna política y los intereses de parte. Se trata de evitar el daño irreparable de la acusación paralela en tribunales extrajudiciales. La defensa del Derecho es, a nuestro juicio, prioritario, sin que ello signifique mostrar tolerancia hacia la corrupción pública, en cualquiera de sus formas. Barberá está, pues, legitimada para defender su honor y sus derechos, que entiende menoscabados si presenta la renuncia a su escaño.