Las urnas no otorgan la inmunidad judicial

Insisten los separatistas catalanes en responsabilizar al Gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, de la situación procesal que atraviesan sus principales líderes, cuando cualquier decisión sobre sus circunstancias penales corresponden a los jueces, es decir, al Poder Judicial. Desde Montesquieu, al menos, parece claro que cualquier político occidental debería haber interiorizado lo que significa la división de poderes, elemento básico de las democracias modernas, y garantía de funcionamiento de un Estado de Derecho como es el español. Por ello, en el caso que nos ocupa, produce estupor que gentes que han estado al mando de las instituciones de Cataluña exhiban tamaño desconocimiento y da que pensar sobre el tipo de país que pretendían formar, sin duda, mucho más próximo a la Venezuela actual que a la proclamada Dinamarca. La cuestión es que, con independencia del resultado de las urnas, el Tribunal Supremo no sólo mantiene los procesamientos en marcha por rebelión, sedición y otros delitos conexos, sino que ha decidido ampliar las imputaciones a otros presuntos implicados en el golpe secesionista, como son Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel, Marta Pascal, Mireia Boya y Neus Lloveras. Sólo significa que la Justicia sigue sus pasos y procedimientos, y acumula indicios, ajena al devenir político. Las urnas, que se sepa, no otorgan inmunidad judicial.