En las últimas horas se ha escrito y se ha hablado con profusión sobre la denominada «Operación Lezo», que investiga la gestión del Canal de Isabel II en tiempos de Ignacio González, y en paralelo sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de llamar a declarar al presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals, y el director del periódico, Francisco Marhuenda. Durante toda la jornada del miércoles y de ayer mismo se incidió desde distintos medios en el silencio editorial que este diario ha guardado. Hoy, una vez cumplimentadas las comparecencias de nuestros directivos ante el magistrado, estamos en condiciones de hacer pública nuestra posición y, sobre todo, de explicarnos ante nuestros lectores, de transmitir, lisa y llanamente, la verdad. En primer lugar, decidimos no emitir juicio alguno en esos primeros momentos porque estaba pendiente el trámite testifical de Casals y Marhuenda en la Audiencia Nacional. Para nosotros, el respeto a los procedimientos judiciales ha sido siempre una máxima que, por supuesto, no pensamos vulnerar. Una vez sustanciadas las declaraciones, es hora de afirmar que desde este periódico, en palabras de su director, «nunca, nunca, nunca» se ha coaccionado o presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, «nunca, nunca, nunca» se ha inventado una información ni se ha hecho campaña alguna contra Cristina Cifuentes. «¿Quién se puede imaginar que desde un periódico se puede amenazar a alguien?». Estas palabras de Casals responden a una lógica concluyente para cualquier profesional, pero también para el lector. En este caso, como en otros, la hemeroteca es la mejor prueba de que esas acusaciones no tienen sostén alguno, pero también lo es el veredicto de nuestros seguidores e incluso la exigente auditoría diaria de los nobles competidores. Quienes han pretendido pescar en río revuelto y alentar una causa contra nuestro presidente y nuestro director han puesto de paso en cuestión la profesionalidad y la deontología del grupo de profesionales que hacemos a diario este periódico. Los lectores deben saber, como también la opinión pública, que todo el equipo de LA RAZÓN realiza su labor de manera absolutamente ética, más allá de nuestros aciertos y nuestros errores, y que nuestro interés y ánimo sólo están guiados por poner a su disposición la mejor información y opinión posibles. Parte también de esa verdad a la que nos referíamos es la existencia de unas grabaciones con conversaciones mantenidas entre Casals, Marhuenda y Edmundo Rodríguez, consejero de la empresa editora de LA RAZÓN vinculado en su día a la gestión del Canal de Isabel II. Nuestro director explicó ayer que sólo trataba de «animar» a un amigo que «estaba muy desesperado» porque consideraba «injusta» su destitución en el Canal y estaba «obsesionado» con que se filtraran «cosas contra él» desde la Comunidad de Madrid. Una conversación de carácter informal, coloquial, entre dos amigos, a propósito de las preocupaciones y las inquietudes de uno de ellos. Como en cualquier orden de la vida, en una charla en la que el afecto está presente, se trataba de transmitir consideración y calor en un momento complicado. Son frases, en cualquier caso, entrelazadas y extraídas de un volumen mayor en minutos, realizadas en un contexto que es imposible captar y entender con esos mínimos extractos. En todo caso, Marhuenda sí reconoció que utilizó alguna expresión malsonante y desafortunada por la que pidió las necesarias disculpas. Es pertinente detallar, porque otros no lo han hecho en sus juicios, que las comparecencias de Marhuenda y Casals no tienen relación alguna con el fondo de lo que se investiga en la operación Lezo, es decir, el presunto desvío de fondos en el Canal de Isabel II. También es la verdad que nuestras relaciones con el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, han estado presididas por el respeto y la cercanía. Hay innumerables testimonios de todo tipo de esa vinculación cordial. La propia Cristina Cifuentes, los consejeros madrileños y otros de sus más estrechos colaboradores han sido invitados asiduos de los actos organizados en nuestra casa. Es público y notorio y, si hay alguna duda lo manifestamos una vez más, que hemos apoyado las actuaciones y las políticas de Cristina Cifuentes que han coincidido con nuestros principios, que no han sido pocas, como también que no hemos tenido reparos en disentir con alguna de las decisiones que no hemos compartido, como su posición en el debate sobre las primarias en la vida interna del Partido Popular. Tampoco tenemos que demostrar nuestro desprecio rotundo a cualquier práctica corrupta. Cientos de portadas y de editoriales lo prueban. Hemos sido contundentes en el reproche moral, político y judicial de los corruptos, en la necesidad de investigar hasta el final cualquier conducta sospechosa de cualquier partido y en que se depuren las responsabilidades que hubiera lugar. Y ésa es también nuestra posición en el caso de las irregularidades del Canal. Como democracia no podemos permitirnos vacilar en el compromiso con la ética pública ni en la convicción de que estamos obligados a colaborar con la Justicia. Tampoco en el deber de respetar los procedimientos, la presunción de inocencia de todos los implicados, en renegar de los juicios paralelos y de las filtraciones e intoxicaciones interesadas que tanto dañan la credibilidad y la confianza en el sistema. Los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de atender a esos principios y de repudiar la justicia sumaria y los linchamientos. La verdad no se escribe con renglones torcidos. Los nuestros son tan rectos como nuestros lectores quieren y esperan.