La Justicia alemana queda en evidencia

El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa derivada del intento de golpe contra la democracia en Cataluña, tomó ayer la única decisión posible para salvaguardar el proceso en su plenitud y garantizar que los presuntos responsables de actos gravísimos respondan en un juicio más tarde o más temprano. Las injerencias de la Justicia alemana en un procedimiento de otro territorio de la UE le había dejado sin margen de maniobra para blindarlo de contaminaciones procesales que habrían edulcorado la futura vista por los acontecimientos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlament el 27 de ese mismo mes. Por eso, Llarena rechazó ayer que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea extraditado solo por el delito de malversación de fondos públicos, como acordó el tribunal de Schleswig-Holstein, cuando rechazó de forma extemporánea la causa por rebelión, y dejó sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra todos los antiguos cargos separatistas que se dieron a la fuga, si bien mantuvo vigente la nacional que supondrá su arresto en el caso de que regresen a territorio español. En su auto, el magistrado del Supremo desmonta uno a uno los incalificables argumentos de los jueces germanos contra la demanda española y retrata en un relato concienzudo, metódico, brillante y razonado los desmanes de una decisión insólita contraria al ordenamiento comunitario, incluida la jurisprudencia del tribunal superior europeo, y que de facto supone la voladura de un instrumento vertebrador como es la euroorden. Les reprocha su «falta de compromiso» frente a unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español y censura que anticiparan un enjuiciamiento para el cual no tenían cobertura normativa. El deber de los jueces alemanes pasaba, como el del resto de sus compañeros en Europa, por comprobar si los hechos descritos en el ordenamiento español estaban contemplados en el de su país y si se impulsaría un procedimiento penal semejante al del Supremo y, en todo caso y si existían dudas en la interpretación –dado que el fiscal general del estado alemán apoyó el requerimiento español sobre Puigdemont por rebelión–, haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE. Y así se lo recordó Llarena. Pero no hicieron ni una cosa ni la otra en un abuso de posición y una sobreactuación antijurídicas tan impropias como intolerables. Es significativo y reconfortante que la Fiscalía, que ahora dirige María José Segarra, mantuviera ayer su posición de respaldo a la instrucción de Llarena y a sus decisiones que se concretó en un escrito a la Sala Penal del Tribunal Supremo, en el que tras denegar de nuevo la libertad de los políticos presos independentistas, acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de incumplir el marco europeo y de entrometerse en la jurisdicción española por «asumir funciones de enjuiciamiento» que no le correspondían. El alcance para Europa del desafuero jurídico germano está por determinar, pero la realidad es que de golpe este tribunal ha socavado el crédito de un elemento clave para luchar contra los criminales en un territorio sin fronteras. Con su grotesca actuación vaciaron el principio de reconocimiento mutuo y de confianza recíproca, y desvirtuaron el compromiso de lealtad y cooperación que se supone debe presidir las relaciones en el ámbito judicial comunitario concentrado en la euroorden. Ayer, el separatismo intensificó su campaña de acoso y derribo contra el Poder Judicial español, y en concreto contra el juez instructor, en un intento por deslegitimarlo y desacreditarlo. No tendrá éxito, pues su trabajo ha sido y es ejemplar. Si alguien ha quedado en evidencia, ha sido la Justicia alemana, que es la que tendrá que responder por su papel.