La Generalitat pierde la honorabilidad

La escena de Joaquim Torra sentado ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusado de desobedecer a la Junta Electoral por negarse a retirar lazos amarillos y otra propaganda independentista de la institución que preside refleja el deterioro irremisible de la Generalitat. En las pasadas elecciones del 28 de abril, fue requerido en reiteradas ocasiones por la autoridad electoral española a retirar pancartas y símbolos partidistas de los edificios de la administración catalana –que no son sólo de los nacionalistas–, a lo que se negó y, cuando acató la orden, fuera de los plazos y ante la amenaza de su procesamiento, fue con una burla inadmisible: permitió que un par de activistas sin derecho alguno –o no más que otros ciudadanos– a entrar en las dependencias oficiales colgara un pancarta del mismísimo balcón del Palacio de la Generalitat. A eso se reduce ahora el autogobierno de Cataluña: un grupo de activistas que juegan con el futuro de todos los catalanes –especialmente con los que no son sus fieles acólitos–, utilizan sus recursos, fondos económicos y medios de comunicación para diseminar uno de los mensajes más destructivos que se hayan oído en nuestra democracia. Torra pidió ayer ante el TSJC que se le tratase como «molt honorable», algo que el presidente de la sala no hizo, no porque pusiese en duda no ser merecedor de ese protocolo, faltaría más, si no por igualarle con cualquier otro ciudadano que debe responder ante un delito: su único privilegio es ser aforado y, por tanto, juzgado en el TSJC. Y es ante la acusación de haber cometido el delito de desobediencia a lo que se enfrenta Torra, precisamente quien debe ser un ejemplo de cumplimiento de la ley.

Hablamos del cargo electo con el sueldo más alto de España, por encima del presidente del Gobierno. Esta es la situación que vive Cataluña: desde la presidencia de la Generalitat se ha justificado la violencia de estos días en Barcelona, él mismo cortó una autopista durante una marcha, forma parte del grupo que está dirigiendo una verdadera insurrección «pacífica» contra un estado democrático y, encima, ayer nos dio un ejemplo de no ser merecedor de esa honorabilidad del cargo que reclama por sus comentarios escatológicos –y ciertas flatulencias...– para denigrar el tribunal que le juzga. Muy probablemente, Torra será inhabilitado, su lamentable carrera política se habrá terminado –aunque el aparato nacionalista siempre provee–, incluso antes de que se convoquen elecciones con el ingenuo convencimiento de que ERC viene ahora a arreglar el destrozo que ellos mismos causaron empujando hasta el final a la declaración de independencia. La parálisis absoluta del gobierno de Cataluña, dedicado exclusivamente al bloqueo institucional y la agitación de la calle, plantea una situación que no será fácil de solucionar si no se acepta el marco constitucional, sea por parte de ERC o por JxCat. Dudamos que Torra y Puigdemont participen de este juego, pero lo que de manera más cercana está encima de la mesa es el futuro gobierno de España y su posible dependencia de los independentistas catalanes –más la indecente colaboración de los diputados de Otegi–, especialmente de ERC. Los planes de Sánchez para asegurar su investidura no son ajenos a los del futuro gobierno de la Generalitat y la reedición de un nuevo tripartito patrocinado por Miquel Iceta, Ada Colau y Oriol Junqueras. Es evidente que el histórico socialismo español entra en un camino en el que se están forzando al límite los pactos constitucionales. La degradación política en Cataluña, el daño causado a sus instituciones, la crisis de convivencia y la quiebra de la unidad civil en dos comunidades se está expandido al resto de la política española. Sólo así puede entenderse que los responsables del desastre catalán puedan decidir el futuro gobierno de España.